El Ayuntamiento cuestiona que los dueños de Uleta puedan contratar a Yárritu para las obras de la Ronda Sur

Vitoria

La disputa jurídica no ha llegado todavía a los tribunales pero las partes ya enarbolan sus informes jurídicos para defender sus posiciones en la polémica por la construcción de casi 300 viviendas en Uleta, entre Armentia y la carretera de Lasarte. Un informe jurídico del Ayuntamiento de Vitoria al que ha tenido acceso la CADENA SER cita varias ilegalidades en el proceso de contratación que están llevando a cabo los dueños de los terrenos para adjudicar las obras de la Ronda Sur, la carretera entre los fallidos túneles de Armentia y la rotonda de Olabide, y que es el primer paso para la construcción de viviendas en la zona.

El Ayuntamiento quiere desclasificar esos terrenos en el nuevo Plan General mientras la mayoría de sus dueños están intentando acelerar los plazos de construcción y señalan que su paralización obligaría al pago de casi 32 millones de euros en indemnizaciones. El informe del Ayuntamiento de Vitoria no entra a valorar si existe derecho a indemnizaciones y a cuánto ascenderían y se centra en señalar las, a su juicio, ilegalidades que se están cometiendo en el proceso de contratación.

El informe municipal -firmado por la directora de Territorio y un abogado de la firma Ekain, el asistente jurídico del Ayuntamiento en esta materia- es en parte una respuesta a otro informe encargado por los propietarios al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Ramón Fernández Torres, que respalda la decisión de los propietarios de licitar las obras. El informe jurídico municipal concluye, sin embargo, que hay "varias causas de nulidad de pleno derecho".

El Ayuntamiento pone además por escrito lo que ya dijo la concejala de Territorio, Ana Oregi, en público: la obra es "ilegal" y el Ayuntamiento actuará si se sigue adelante con ella. "La representación municipal deberá realizar las oportunas advertencias de ilegalidad y deberá promover la adopción de las medidas oportunas por parte del Ayuntamiento para garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente", señala el informe.

Una evaluación ambiental necesaria

El informe explica que el proyecto que se está licitando está obligado a someterse a una "evaluación ambiental" con un "amplísimo proceso participativo y la participación de diversas entidades públicas", un trámite que se prolongaría durante meses. Hay un detalle importante: el informe jurídico que enarbolan los propietarios reconoce que el proyecto de urbanización está sometido a una evaluación ambiental pero "simplificada".

El Ayuntamiento considera además que los dueños de Uleta no pueden partir la urbanización de los terrenos y empezar una parte de ella sin la autorización municipal. "El proyecto de urbanización del sector 17 aprobado el 3 de julio de 2009 constituye una unidad cuya partición o ejecución en fases precisa de la previa autorización municipal. No es separable ni divisible". Salvo que tenga "habilitación" del Ayuntamiento de Vitoria, que no la ha concedido.

El informe del Ayuntamiento recuerda que la Junta de Concertación (el organismo que reúne a los propietarios) actúa "bajo control y tutela administrativa del Ayuntamiento de Vitoria" y que está intentando actuar "de manera autónoma" y que "únicamente el interés público legitima la ordenación de la utilización de suelo por el planeamiento urbanístico".

Además el Ayuntamiento explica que no consta que exista "disponibilidad financiera debidamente acreditada" para licitar la obra de la Ronda Sur ni del conjunto de la urbanización, un "requisito ineludible para la contratación".

La "indebida participación" de Yárritu

El Ayuntamiento cuestiona además la participación de la constructora Yárritu en el concurso público de las obras al ser "una empresa propietaria de terrenos del sector 17 y, por ello, representada en la Junta de Concertación hasta el punto además de desempeñar la presidencia de los órganos de gobierno en el procedimiento de licitación en curso para la ejecución de la llamada Ronda Sur".

El Ayuntamiento cita expresamente a Yárritu y dice, en este informe jurídico municipal, que la empresa dispone de un "13,16% de participación en el sector". El Ayuntamiento habla de "indebida participación".

El Ayuntamiento ya había advertido a los dueños de Uleta sobre ello el pasado 27 de diciembre en una reunión del Consejo Rector que reúne a los representantes de los propietarios, entre los que se encuentra con un participación minoritaria el propio Ayuntamiento. Según el acta de esa reunión, el asistente jurídico del Ayuntamiento señaló:

"La presencia de la empresa de la presidenta en la licitación comporta una incompatibilidad funcional porque no se puede ser adjudicatario y licitador, al haber estado desde el principio del procedimiento de contratación habiendo tenido posibilidades de influir en la selección del contratista; además se produciría una situación de autocontratación".

Durante esa reunión del 27 de diciembre, la representante de Yárritu se abstuvo de intervenir y votar en los trámites del proceso de contratación que se llevaron a cabo durante el encuentro.

Yárritu ha sido la ganadora del concurso público por un importe de 2.515.000 euros frente a Balgorza y Bermeasolo. De momento es una propuesta de contratación por parte del Consejo Rector que será sometida a la junta de propietarios en asamblea, que son quienes tienen que decidir si dan luz verde a la adjudicación de la obra.

En su informe jurídico, el Ayuntamiento cita la Ley de Contratos del Sector Público en lo que se refiere a la "prevención de conflictos de intereses". "La incompatibilidad para contratar constituiría causa de nulidad del contrato", señala el informe.