¿Qué o quién legitima a un colectivo como interlocutor ante la administración?

València

La aparición de nuevos movimientos organizados en los barrios al calor de problemas urbanísticos o sociales ha reabierto, a mi juicio, un interesante debate respecto a qué colectivos son reconocidos por los poderes públicos como interlocutores directos.

Por razones históricas, por su contribución durante la transición, el más reconocido ha sido el movimiento vecinal, pero no ha sido el único. Durante más de tres décadas han tenido un papel muy activo los Salvem. Plataformas que a pesar de los éxitos en los tribunales, no siempre fueron reconocidas como interlocutores por la administración del momento. De eso se quejan ahora algunos colectivos de reciente creación. Algunos han optado por el ruido, el ruido de la calle. Otros, por la reivindicación más discreta.

¿Han de ser todos considerados interlocutores válidos ante la administración? ¿Quién o qué los legitima? ¿Su forma de reivindicar, su preparación, su adscripción ideológica, o su tendencia política? Este asunto desde luego merece una reflexión.