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Dos años de creciente desigualdad en nuestra región

La catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UCLM, María José Aguilar, habla de cómo la pandemia está afectando a las rentas más bajas y de las ayudas que reciben

La catedrática de Trabajo Social, María José Aguilar / Cadena SER

La catedrática de Trabajo Social, María José Aguilar

Albacete

En nuestra región la desigualdad ha aumentado más de un 37% durante la pandemia y las rentas más bajas, no sólo no han aumentado, sino que se han reducido un 36% en los dos últimos años. En Castilla- La Mancha, más de la mitad de los hogares tienen problemas económicos y 480.000 personas sufren exclusión social: una de cada cuatro personas están en situación de clara desventaja y casi 10.000 están en una situación crítica.

Y lo peor y más grave es que el grupo de personas más frágiles es el que más aumenta: hoy son un 37% más las personas que se encuentran en exclusión severa, son 232.000 personas en nuestra región.

Las 10.000 personas expulsadas del sistema no cuentan con elementos compensadores que eviten el aumento de nuevas problemáticas, por lo que su ya crítica situación se agravará todavía más.

Además de estas terribles e inhumanas desigualdades de ingresos y capacidades materiales de las familias, otras brechas como la digital, agregan nuevas desigualdades que afectan a una cuarta parte de los hogares de Castilla-La Mancha, y a la mitad de quienes ya viven en exclusión.

El género, la nacionalidad extranjera y la edad, son otras tres brechas de desigualdad que se suman a las anteriores.

Y a pesar de las cifras positivas de empleo, lo cierto es que las condiciones del empleo han empeorado para las trabajadoras más pobres. Son 71.000 hogares, un 9% de la población castellanomanchega, los que viven en situación de precariedad a pesar de tener empleo.

Más de 132.000 hogares (un 17% de la población) no puede acceder a los medicamentos ni tratamientos médicos que necesitan por problemas económicos. Y más de 83.000 familias, una vez pagado el alquiler o la hipoteca se quedan en pobreza severa.

Y las políticas públicas siguen siendo tan miopes como insuficientes en nuestra región: el Ingreso Mínimo Vital solo llega a una de cada 10 personas en pobreza severa. Y las familias con algún problema grave de salud mental, han aumentado un 40% en estos dos últimos años.

Estos datos los acaba de hacer públicos la Fundación Foessa de Caritas española, y deberían hacer que a nuestro gobierno regional se le cayera la cara de vergüenza.

 

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