Los testigos arropan la versión de la víctima del secuestro en San Martín de Rubiales: captura por la fuerza y amenazas de muerte

Valladolid

La vista celebrada este viernes en la Audiencia Provincia de Valladolid ha dejado clara la soledad en su versión del hombre al que se le acusa de haber secuestrado el pasado 6 de julio a su expareja, ambos vecinos de San Martín de Rubiales, reteniéndola contra su volunta durante tres días en lugares desconocidos entre esta localidad burgalesa y la vallisoletana de Corrales de Duero donde fueron finalmente localizados el 9 de julio por la Guardia Civil. Sólo el acusado, un hombre de 53 años de nacionalidad búlgara, ha defendido en el juicio que la víctima siempre estuvo por voluntad propia junto a él y que en ningún momento de su relación profirió contra ella amenazas de muerte.

Contra esta versión ha sido abrumadora la coincidencia del resto de testimonios escuchados en la sala de vistas, tanto de la víctima como de los cuatro testigos y un representante de la Guardia Civil. Todos ellos han ratificado la violencia con la que la mujer, el pasado 6 de julio, fue capturada de su vehículo por el acusado y otras dos personas, con la colaboración de uno más, entre gritos de auxilio y la oposición de la víctima, a la que incluso arrancaron los pantalones entre los forcejeos con los que pretendía zafarse de sus captores.

Dos de los testigos y la propia víctima ratificaron, así mismo, un episodio previo en el que el acusado encerró les encerró a los tres durante casi una hora en el domicilio de San Martín de Rubiales que habían compartido acusado y víctima. A esta casa habían acudido para recoger las pertenencias de la víctima que se había mudado días antes a vivir con su jefa y amiga, quien junto a su marido la acompañaron para llevarse sus cosas de su antigua vivienda. El acusado reconoció que aprovechó este momento para intentar que la víctima volviera a la casa y restableciera la relación sentimental, peró negó las amenazas de muerte si no accedía a sus deseos, que por el contrario ratificaron los dos testigos y sufridores de la retención involuntaria en el domicilio. También negó el acusado haberlos encerrado en la casa, argumentando que la puerta se cerró sola y sin llave es imposible abrirla desde dentro.

La víctima declaraba en el juicio tras un biombo para evitr el contacto visual con su presunto agresor y captor. Su testimonio ha dibujado durante el juicio una relación de dominio desde el comienzo de la misma hace casi cuatro años. Como ejemplo, confirmaba que no podía acudir sola a lugar alguno, algo que el acusado ha convertido en la romántica apreciación de que eran inseparables, asegurando en varios momentos que era la voluntad de la víctima estar junto a él. De hecho el juicio ha estado jalonado de estos matices, en los que un mismo hecho ha diferido en su intepretación, matices de los que incluso han participado los letrados. Mientras la acusación marcaba el deterioro de la relación desde marzo de 2021 por los celos del acusado tras su hospitalización por coronavirus durante un mes, al creer que la víctima mantuvo mientras tanto una relación con otro homre, la defensa lo ha presentado como una reacción pasional agravada por el impacto de las consecuencias laborales de la enfermedad y del alcoholismo al que le llevaron estos celos. El juez que ha presidido la vista ha denegado la práctica de una pericial médica con la que la defensa quiere acreditar un atenuante de la responsabilidad por un trastorno mental, pero aún así el abogado que representa al acusado ha pedido su absolución, al entender también que no hay solidez en las pruebas que sustentes las acusaciones.

Todo lo contrario opinan la fiscalía y la acusación particular, basándose en la contundencia y coincidencia de los testimonios. El ministerio fiscal solicita 17 años y 6 meses de prisión por ocho delitos: maltrato habitual, lesiones (el relato de los hechos incorpora un episodio de agresión con consecuencias en la integridad física de la víctima y la propia jefa de la víctima confirmó las confidencias que ésta le había hecho sobre la violencia fisica y psicológica sufrida durante la relación), amenazas graves, coacciones (se incluyen tres delitos con esta misma calificación, dado que también considera que atentó contra la libertad de las dos personas que acompañaron a la víctima a recoger sus pertenencias y mantenerlas retenidas contra su voluntad), acoso (dadas las continuas llamadas a la víctima y personas de su entorno y las visitas a su lugar de trabajo que obligaron a su jefa a cambiarle frecuentemente de lugar para evitar el encuentro con su expareja) y detención ilegal, correspondiendo este último delito a la retención de la víctima durante tres días en el entorno de la localidad de Corrales de Duero donde fueron finalmente localizados el 9 de julio. Una pena que eleva a los 33 años de cárcel la acusación particual prácticamente por los mismos delitos, aunque agravados por su grado y calificación en algunos casos.

Aunque en esta causa, que ha instruido el Juzagado de Violencia contra la Mujer número 1 de Valladolid, también están acusados otros dos hombres y una mujer por haber actuado como colaboradores necesarios en la detención ilegal de la victima, no han podido ser juzgados al encontrarse en paradero desconocido.