La consellera Gabriela Bravo presenta 10 acciones para una estrategia abolicionista de la prostitución

València

En Hoy por Hoy Locos por Valencia hablamos con Gabriela Bravo, consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, quien desde hace tiempo, asumió el compromiso de que la Comunitat Valenciana liderará el proceso para abolir la prostitución en España.

Esta misma mañana, Bravo ha presentado 10 acciones pretenden contribuir a la abolición de la prostitución con reformas normativas de ámbito autonómico y estatal que sancionen la demanda de prostitución y ofrezcan asistencia a las mujeres prostituidas.

Se trata de una selección de las cerca de 100 medidas que una treintena de personas expertas procedentes del ámbito jurídico, las Administraciones Publicas, la sociedad civil y las universidades, y que han planteado en el Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución.

Recientes estudios realizados por la Universitat de València (UV) estiman que entre 10.000 y 13.000 mujeres ejercen la prostitución y que sólo en seis portales web hay 52.000 anuncios que publicitan más de 1.700 pisos en el 'Corredor Mediterráneo de la Prostitución'. Además, revela que 1 de cada 5 varones valencianos, mayores de 18 años, (el 19,5%) afirma haber pagado por sexo alguna vez a lo largo de su vida y que el número de mujeres prostituidas entre las tres provincias oscila en una horquilla de entre 10.000 y 13.000.

Otra investigación, en este caso realizada por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), destaca que el 39% de la sociedad valenciana acepta la prostitución, si bien el 70% entiende que las mujeres víctimas no la ejercería si pudieran elegir otro modo de vida.

Esta misma mañana, en el Colegio Mayor Rector Peset, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha presentado las 10 acciones con las que se pretende contribuir a la abolición de la prostitución con reformas normativas de ámbito autonómico y estatal.

Bravo, ha anunciado que hoy mismo ha firmado la resolución de inicio para la reforma de la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Generalitat, de forma que se pueda sancionar con multa y clausura del local aquellos establecimientos que, camuflados con licencias para hostelería u ocio, permitan o favorezcan el ejercicio de la prostitución.

Esta es una de las diez medidas que la consellera ha detallado este miércoles y que han sido elaboradas por el Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución que, durante el último año, ha reunido a más de 30 personas expertas de todos los ámbitos.

Una de las propuestas del decálogo es la modificación de la ley autonómica contra la violencia sobre la mujer para que reconozca a las mujeres prostituidas como víctimas de la violencia de género, "lo que garantizará el acceso de estas mujeres a todos los derechos y recursos asistenciales que protegen a las víctimas del terrorismo machista", según la consellera.

Además, la titular de Justicia del Consell ha anunciado que su departamento elaborará un Modelo Único de Ordenanza Abolicionista "que se ofrecerá a todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana y que tratará la prostitución como un tipo de violencia de género y no como un problema de orden público, sancionando al putero y protegiendo a la víctima tal. Bravo ha asegurado que es consciente de que dado la complejidad del problema no se podía solucionarlo en solitario. Por ello ha explicado que el decálogo incluye instar al Gobierno y a las Cortes Generales a la aprobación de una Ley Integral para la Abolición de la Prostitución ya que es la respuesta más contundente para erradicar este tipo de violencia de género.

Por ese motivo, la ley debe actuar en tres direcciones, según la consellera. En primer lugar," la persecución del proxenetismo en todas sus formas", lo cual conllevará la introducción de nuevos tipos delictivos en el Código Penal como la Tercería Locativa (el alquiler de espacios para la compra de sexo) o el rufianismo (la inducción a la prostitución por parte de la pareja sentimental de la víctima). En segundo lugar, la sanción penal de la demanda y compra de sexo porque es evidente que si existe la prostitución no es porque hay mujeres que venden su cuerpo, sino millones de hombres dispuestos a comprar.

Por último, la protección y consideración de todas las mujeres en situación de prostitución como víctimas de violencia de género, con todo lo que ello implica, lo que supondrá la modificación de la Ley Orgánica de Violencia de Género de 2004; la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 y la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito de 2015.