El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley que protege a los denunciantes de casos de corrupción

Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. El texto supone trasponer la directiva europea sobre la materia que pretende ofrecer seguridad jurídica a quienes informen de irregularidades tanto en el sector privado como en el público. Esta seguridad se traduce en el establecimiento de canales de comunicación protegidos y en la prohibición de tomar cualquier tipo de represalia contra los denunciantes ya sean laborales o de cualquier otra índole. De hecho, la norma contempla sanciones de hasta un millón de euros por este motivo.

Las empresas privadas que cuenten con más de 50 trabajadores tendrán que habilitar canales de denuncia internos. En el sector público tendrán que contar con un sistema interno de información las Administraciones públicas, las universidades, las sociedades y fundaciones, las corporaciones públicas y todos los órganos constitucionales.

Del mismo modo, los municipios cuya población no supere los 10.000 podrán compartir medios para la recepción de informaciones con otros ayuntamientos, también de menor población, o con entidades supramunicipales si sus actividades se circunscriben al ámbito de la misma comunidad autónoma, aunque cada corporación local tenga un responsable de su sistema interno de información. Además, estarán obligados a contar con un sistema interno de información todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales. La directiva establece que las denuncias se pueden presentar también ante una entidad independiente que lleva el peso de las investigaciones y que cuando aprecie indicios de delito debe poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

España es el cuarto país de la UE que traspone esta directiva que se convierte en una norma de gran importancia para defender los intereses financieros ya que son especialmente relevantes en un contexto como el actual en el que se están tramitando los Fondos Next Generation en todo el territorio de la Unión Europea.