Batalla campal en México: las primeras y nimias sanciones tras los episodios violentos en Querétaro

Sigue el oscurantismo y las incógnitas respecto a lo ocurrido en la madrugada del sábado en el estadio de la Corregidora, en Querétaro. Allí se vivió un drama después de que las aficiones de Atlas y Querétaro comenzasen una batalla campal en el propio terreno de juego, que contó con la colaboración de las fuerzas de seguridad que apenas actuaron para frenarla y que dejó imágenes terroríficas así como múltiples heridos y desaparecidos.

A pesar de que muchos testimonios de personas que estuvieron en el lugar de los hechos y que describieron con total crudeza todo lo ocurrido, señalando de forma evidente la existencia de víctimas mortales, las autoridades siguen empeñadas en asegurar que todos están vivos. Desde el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, hasta los responsables de la liga mexicana se cubren las espaldas y señalan la inexistencia de fallecidos en el episodio "más negro de la historia del fútbol americano", tal y como relató Jesús Hernández, un periodista mexicano de W Radio que abrió Carrusel Deportivo en la tarde de ayer. También calificó de "tomadura de pelo" la versión de las autoridades debido a la crudeza de las imágenes que avergüenzan al fútbol mexicano y que han recorrido las televisiones de todo el mundo.

Las primeras (y escasas) sanciones llegan tarde

El poder ejecutivo de la localidad de Querétaro ha anunciado algunas medidas después de lo ocurrido, más de 24 horas más tarde de la batalla campal que para nada pasan por la suspensión definitiva de la liga. La primera medida ha sido la cancelación del contrato con la empresa de seguridad que se encargaba de estas tareas en el estadio de la Corregidora. Muchos de los testimonios apuntaron a una colaboración indirecta de las autoridades, quienes en lugar de impedir los hechos, "desaparecieron" del lugar de los hechos favoreciendo el encrudecimiento de los ataques entre ambas aficiones.

Otra de las medidas que ha impuesto el poder de Querétaro ha sido la suspensión de 5 funcionarios públicos. Dos medidas que van en una dirección clara: culpabilizar a las fuerzas de seguridad de todo lo ocurrido. Sin apenas autocrítica y con la licencia de presumir de siete altas hospitalarias acabaron por comunicar que hasta el momento ese iba a ser "el castigo" impuesto por las autoridades tras este horrible episodio en el fútbol mexicano. Oficialmente, los datos de la barbarie son: 26 personas hospitalizadas, de las cuales tres en estado grave.

Otro de los castigos ha sido la disputa de partidos a puerta cerrada por el momento y la imposibilidad para las aficiones visitantes de desplazarse a ver a sus equipos hasta nuevo aviso.