Fernández niega haber cobrado sin conocimiento del partido y Pilar Parra atribuye la firma de cheques en blanco a “un exceso de confianza"

Linares

"No he sustraído nada, a mí la política me costado mucho dinero", ha dicho Juan Fernández ante las cinco mujeres y cuatro hombres que conforman el jurado designado en la vista que tiene lugar desde hoy y hasta el jueves en la Audiencia Provincial de Jaén, y en la que se juzga al exalcalde de Linares como presunto autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos.

Fernández, que ha declarado durante una hora y media, ha insistido en que el delito que se le atribuye es por lo percibido como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Linares, pero no por su labor al frente del Consistorio donde ejerció como alcalde durante 19 años consecutivos. En esa línea ha incidido en que los 1.700 euros mensuales que recibió de 2011 a 2017 como portavoz municipal del PSOE respondían a un acuerdo con el partido como forma de compensar los gastos que tenía al margen de su labor como alcalde.

Durante su declaración, el ahora portavoz de Linares Primero ha arremetido contra los entonces concejales del Ayuntamiento de Linares, Pilar Parra y Luis Moya, como las personas que "con mentiras" han mantenido que él se había llevado el dinero sin el conocimiento del grupo y del PSOE. Del mismo modo, ha declarado entender que haya testigos que "se han vendido" "por un empleo o por un sueldo", al tiempo que ha defendido su honorabilidad ya que "todo lo que me pagaron fue con su conocimiento, aunque ahora digan lo contrario".

Pilar Parra y Daniel Campos declaran como testigos

La que fuera concejala socialista en el Ayuntamiento de Linares, Pilar Parra, y el sucesor de Fernández en la secretaría del PSOE de Linares, Daniel Campos, han declarado esta tarde como testigos ante el tribunal con jurado que juzga la causa contra Juan Fernández en la Audiencia Provincial de Jaén.

Parra ha atribuido a "un exceso de confianza" el haber dejado cheques en blanco firmados en el seno del grupo municipal que luego fueron cobrados por el entonces portavoz socialista y alcalde de Linares. "Nunca pensé que el dinero se estuviera utilizando para otras finalidades que no fueran las convenientes", ha indicado Parra en su declaración como testigo en una causa en la que inicialmente estuvo como investigada hasta que la jueza instructora decretó dejarla fuera.

Ha declarado que, aunque tenía firma mancomunada de la cuenta con Juan Fernández, se enteró de lo que estaba ocurriendo a raíz del informe de auditoría que encargó la nueva Ejecutiva Local del PSOE cuando se hizo cargo del partido a finales de 2017. "Si lo hubiera sabido, no hubiera firmado los cheques", ha dicho Parra, que ha reconocido que dejaba firmados en blanco entre cuatro o cinco cheques al mes para atender las necesidades de funcionamiento del grupo municipal. "Actuábamos de buena fe", ha dicho.

Por su parte, Daniel Campos, ha manifestado ante el jurado que se encargó el informe de auditoría después de "hacer un arqueo visual" y darse cuenta de que "faltaba una cantidad de dinero muy importante". Al igual que Parra, ha sostenido que no existió acuerdo alguno que autorizara a Fernández a percibir del grupo municipal socialista 1.700 euros al margen de su sueldo como alcalde. Ha rechazado haberse sentido "influenciado" a la hora de interponer la querella contra Juan Fernández y ha mantenido que ha actuado "siempre en base a mi ética y mi moral".

Rechazado el careo solicitado por la defensa

La presidenta magistrada del jurado ha rechazado la solicitud de la defensa para que se realizara un careo entre Juan Fernández y los testigos que han declarado esta tarde, Daniel Campos y Pilar Parra. La negativa de la presidenta ha llevado a la defensa a hacer constar su protesta por considerar que se está vulnerando el derecho de defensa y que se está generando indefensión a Juan Fernández.

Son nueve personas las que conforman el jurado que se encarga de juzgar a Juan Fernández como presunto autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos por el que el Ministerio Fiscal le pide una pena de prisión de cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación absoluta, mientras que el PSOE, también personado como acusación, le reclama ocho años de prisión. El Ayuntamiento de Linares optó por no personarse en la causa por no considerarse parte perjudicada.

El juicio proseguirá este martes con las declaraciones de diez testigos. Para el miércoles está previsto que declaren otros seis testigos más y tres peritos. Después llegará la fase de informes y la entrega al jurado del objeto del veredicto para que puedan comenzar con las deliberaciones.