Málaga multa tres veces más a las mujeres prostituidas que a los clientes

Málaga

Once años después de que el ayuntamiento de Málaga empezara a aplicar sanciones vinculadas a la prostitución se intensifican las voces críticas con la norma que piden que se modifique porque carece de perspectiva de género. De hecho, los datos son tozudos: pese a que la pandemia ha reducido a una quinta parte las denuncias a las mujeres prostituidas en la calle -sobre todo porque se trasladaron a pisos por la pandemia- y aunque la brecha con las denuncias a los clientes se ha reducido, la proporción sigue indicando que se multa tres veces más a las mujeres prostituidas que a los hombres que buscan esta actividad, a tenor de los datos del área municipal de Seguridad. De hecho, durante 2021 -hasta el 23 de diciembre- se han registrado 115 denuncias por "ofrecer servicios sexuales en la vía pública" frente a las 38 multas por "solicitar" esos servicios sexuales (en 2019 fueron 593 denuncias a las mujeres y 28 a los clientes). La policía local también realizó otras 59 denuncias por realizar "prácticas sexuales en la vía pública", pero en este caso no están desagregadas por sexos ni todas están relacionadas con la prostitución, según el consistorio, por lo que no se han incluido en los datos anteriores.

En concreto, las sanciones que afectan a la prostitución están incluidas en la Ordenanza municipal de Convivencia, que establecen multas de entre 750 y 1.500 euros por ofrecer y solicitar servicios sexuales en la vía pública cuando se realicen a menos de 200 metros de "centros docentes, educativos, parques infantiles, zonas residenciales o de cualquier otro lugar en el que se realicen actividades comerciales o empresariales", tal y como reza el artículo 36 de la norma en su apartado 5.

Desde la entidad Mujeres Emancipadas, Remedios Trujillo, técnica y coordinadora, indica que "con la ordenanza, las que salen más perjudicadas son las mujeres que están en situación de prostitución, es más fácil multarlas a ellas porque están en la misma calle". Esta entidad trabaja desde hace años prestando asistencia a estas mujeres e incluso les realiza el asesoramiento jurídico para presentar alegaciones y recursos contra el pago de las multas. "Con estas sanciones se agrava su vulnerabilidad", indica Trujillo, que además, alude a otra derivada preocupante: las multas puede disuadir a estas mujeres de denunciar situaciones de esclavismo como que son víctimas de trata porque les genera desconfianza en la policía. "Hay que valorar un cambio en esa ordenanza; desde la mesa de trabajo que tenemos en Málaga con varias entidades que trabajamos con este colectivo estamos estamos intentando este año iniciar una línea de conversación con el ayuntamiento para ver cómo podemos cambiar ese artículo", afirma Trujillo, que alude a que, sin embargo, el propio ayuntamiento realizan convocatorias para que esta esta entidad pueda seguir asistiendo a las mujeres prostituidas. Y radica aquí una de las principales contradicciones del consistorio: por un lado sanciona a las mujeres que ejercen la prostitución y por otra, financia a las ONG para que les ayuden, entre otras cosas, recurriendo las multas que no pueden pagar.

Desde colectivos feministas claman por una modificación de la norma: "Tenemos que poner la mirada en los puteros", indica la presidenta de la plataforma Violencia Cero, Carmen Martín, que aboga por que los cambios vayan en la línea de perseguir a los clientes, mientras que se ofrezca a las mujeres posibilidades para abandonar la situación de calle. En la misma línea, desde la Federación Gloria Arenas, Ana Rodríguez, su presidenta, califica de "muy injusta" la actual situación y piden que se tenga en cuenta que la prostitución es "la forma más extrema de la violencia de género".