El auditor de cuentas del PSOE sostiene que Fernández cobró sobresueldos del grupo municipal y la defensa insiste en que el dinero había perdido carácter público
Tras la tercera jornada del juicio en la Audiencia Provincial, las partes personadas han elevado a definitivas sus conclusiones y la defensa ha pedido que subsidiariamente se tenga en cuenta el atenuante de confesión ya que el exalcalde de Linares nunca negó haber recibido ese dinero

Juan Fernández en una imagen de archivo del inicio del juicio / EUROPA PRESS

Linares
La persona que auditó las cuentas del grupo municipal del PSOE ha sido uno de los testigos que ha prestado declaración en la tercera jornada del juicio a Juan Fernández que, desde el lunes, se celebra en la Audiencia Provincial de Jaén. Ante el jurado ha sostenido que el exalcalde de Linares cobró desde julio de 2011 y hasta noviembre de 2017 un sobresueldo mensual de 1.700 euros, lo que supuso una cantidad total de 125.377 euros. El auditor ha rechazado que las cantidades pudieran corresponderse con dietas o kilómetros porque durante todo el tiempo la cantidad era idéntica y se repetía exacta mes a mes. El dinero procedía de la asignación que el Ayuntamiento de Linares abonaba anualmente al Grupo Socialista para gastos de funcionamiento. De esta forma, el informe de auditoría encargado en su día por la Ejecutiva Local del PSOE señala que el pago del dinero se hacía a través de cheques al portador, siempre por la misma cuantía o fraccionado, pero sumando los 1.700 euros.
Fernández nunca ha negado el cobro de estas cantidades, pero ha venido manteniendo que había un acuerdo previo para que a él se le retribuyeran estas cantidades por los gastos que conllevaba asumir la portavocía del Grupo, al margen de su sueldo como alcalde. La defensa ha llevado como perito a un experto en contratación pública que ha sostenido que el dinero que percibió Fernández del Grupo ya no eran fondos públicos aunque saliera de la aportación que el Ayuntamiento hacía a los diferentes grupos municipales.
Esta es la cuestión central de la causa. Mientras Fiscalía y PSOE defienden que el dinero no perdía su carácter público y de ahí la acusación contra Fernández de malversación continuada de caudales públicos, la defensa sostiene que el dinero que mensualmente recibía su cliente ya había perdido su carácter público, lo que explicaría, según la defensa, que el Ayuntamiento no se haya personado como acusación y que el interventor declarara ante el jurado que las arcas municipales no se han visto perjudicadas.
En la jornada de este miércoles, además de los peritos, han declarado testigos de la defensa que han mantenido que Juan Fernández cobraba esa cantidad porque respondía a un acuerdo adoptado en el seno del Grupo Municipal y del que era conocedora la Ejecutiva Local del PSOE, extremo que rechaza la acusación ejercida por el PSOE amparándose en otros tantos testimonios de testigos que rechazan la existencia de dicho acuerdo.
Entre los testigos de la jornada ha comparecido también el secretario de Organización del PSOE en la provincia de Jaén, Jacinto Viedma, que ha incidido en que se desconocía que Fernández estuviera cobrando estas cantidades porque, entre otras cuestiones, "está recogido por ley" que la asignación del Ayuntamiento a los grupos no puede ir destinada al pago de retribuciones.
Las partes personadas ya han elevado a definitivas sus conclusiones. Solamente la defensa ha pedido que subsidiariamente se tenga en cuenta el atenuante de confesión ya que Fernández nunca negó haber recibido este dinero. Asimismo, ha pedido que se tenga en cuenta la declaración parcial del dinero que ha realizado Fernández, además del atenuante de dilaciones indebidas.
Para este jueves está previsto que la magistrada presidenta entregue al jurado el objeto del veredicto, un cuestionario al que deberán responder en sus deliberaciones y que determinará la culpabilidad o inocencia de Juan Fernández.
El exalcalde de Linares está siendo juzgado en la Audiencia de Jaén por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos por el que la Fiscalía le reclama cuatro años de cárcel y diez años de inhabilitación absoluta, mientras que el PSOE reclama ocho años de prisión por el mismo delito.




