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El juez pide a la prensa la declaración de Oltra sobre el informe de abusos a una menor que realizó la Conselleria de Igualdad

En el auto, el juez instructor apunta "se quiera admitir o no, se emprendió una investigación paralela a la que se estaba siguiendo, ya en ese momento, por el Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia y debe ser esclarecido el motivo de tales actuaciones"

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra / MANUEL BRUQUE (EFE)

Valencia

El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València ha pedido al gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y al diario El Confidencial unas declaraciones de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en las que admite que encargó un informe interno sobre los abusos cometidos sobre una menor en un centro de acogida por su entonces marido "con una finalidad informativa".

En una providencia a la que ha tenido acceso EFE, el instructor también pide al Instituto Espill que informe de la cantidad facturada a la dirección territorial de la Conselleria de Igualdad, que dirige Oltra, por el informe realizado a la menor víctima de los abusos.

Los abusos a la menor, según ha quedado constancia en una sentencia, se produjeron a finales de 2016, cuando Luis R. estaba casado con Oltra, vicepresidenta del Consell desde junio de 2015, y por estos hechos fue condenado a cinco años de prisión. La sentencia fue confirmada por el TSJCV en septiembre de 2021, aunque se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo.

En este proceso, la Fiscalía reprochó a la Conselleria de Igualdad que silenciara durante cuatro meses la denuncia que la menor hizo en 2017 contra el educador.

Una vez concluido el juicio contra el exmarido de Oltra, la menor acosada, representada legalmente por un histórico dirigente de la formación ultraderechista España 2000 y con Vox como acusación popular, ha iniciado un proceso judicial contra la Conselleria por la supuesta omisión del deber de custodia y protección, y para determinar si se produjo un delito en la elaboración de un informe interno -que desacreditaba su versión- sobre lo sucedido.

La vicepresidenta del Consell ha asegurado que ella encargó el referido informe interno el 8 de agosto de 2017 con la intención de saber qué actuaciones se habían realizado, sin embargo, el instructor "advierte" en la referida providencia que dicho expediente "no se orientó a ninguna de las finalidades antedichas", sino, al parecer, a desacreditar el testimonio de la menor.

Instrucción 15 mantiene la imputación sobre 13 empleados del departamento de la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, por un posible desamparo de la menor que fue víctima de abusos por parte de su exmarido.

Los investigados que ya han prestado declaración son las directoras territoriales de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en Valencia y Castellón en el momento en que ocurrieron los hechos, y una psicóloga y el jefe de la Sección del Menor de la Conselleria.

También una funcionaria de la Conselleria que instruyó una información reservada sobre los abusos, una psicóloga del Servicio de Atención Psicológica a menores Víctimas de Abusos Sexuales de la Conselleria y la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos.

Los cinco cargos que han sido citados para que declaren entre el 23 de marzo y el 11 de abril son: la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero; la subdirectora general de Infancia y Adolescencia, Gemma Plaza; el secretario territorial, Jesús Esquiu; la jefa de servicio de Infancia, Adolescencia e Igualdad, María Amparo Nogués; y la técnico de la Sección del Menor, Ana Victoria García Tarín.

Plaza y Molero declararán el 23 de marzo, Esquiu y Nogués el 24 de marzo y García Tarín el 30 de marzo -y tras ella se cita de nuevo a una psicóloga del centro de acogida- en todos los casos a partir de las 17 horas.

Para el día 11 de abril se ha citado a dos testigos.

Según el juez instructor, de la documentación aportada y las declaraciones se desprende que es "un hecho difícilmente controvertible que cuando desde la Dirección General se solicita a la Dirección Territorial que se abra un Expediente Informativo o Información Reservada sobre los hechos, los mismos se habían judicializado semanas antes y ello había sido debidamente comunicado a la Dirección Territorial constando registro de entrada del Auto dictado con su sello correspondiente en todas y cada una de las hojas del citado Auto".

Añade que "se quiera admitir o no, se emprendió una investigación paralela a la que se estaba siguiendo, ya en ese momento, por el Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia y debe ser esclarecido el motivo de tales actuaciones