Subvención a los 'desalojadores'

Santa Cruz de Tenerife

El Sindicato de Inquilinos de Tenerife se concentró en las inmediaciones del Parlamento autonómico en contra de una subvención otorgada por el Gobierno regional a la empresa Desokupa Canarias. La ayuda económica cubre un 70 % del total de costes de un proyecto de marketing y publicidad e la compañía y se enmarca dentro del Programa InnoBonos, que está cofinanciado por los Fondos Europeos para el Desarrollo Regional.

Desokupa Canarias es una empresa regional cuya actividad se basa en el desalojo de personas que ocupan una propiedad y de ejercer de mediadores entre los inquilinos y los propietarios. La portavoz del Sindicato de Inquilinos de Tenerife, Pilar Orfila, considera “una barbaridad” que se otorgue este tipo de subvenciones.

El conflicto comenzó a principios del mes de febrero, cuando el Sindicato de Inquilin@s de Gran Canaria publicó un comunicado donde se apuntaba que este tipo de empresas “extorsionan, amenazan e incluso llegan a ejercer violencia física a familias vulnerables para ejecutar desahucios sin iniciar un procedimiento judicial”.

Desokupa Canarias rechazó las acusaciones, que tachan de falsas, dado que “no representan la realidad de nuestra empresa”. También apuntan que sus métodos son legítimos y que son pioneros en la aplicación de procesos en los que todas las partes salgan beneficiadas.

Manuel Dominguez, abogado de Desokupa Canarias, comenta que los comunicados de los sindicatos “generan confusión y malestar” e insiste en que quienes realizan estas acusaciones son “desconocedores” de cómo trabaja la empresa. Además, recuerda que la ilegalidad no es del propietario, sino de quienes ocupan la vivienda.

El Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria explica que “muchos propietarios acuden a este tipo de empresas porque los desalojos extrajudiciales suponen una solución mucho más rápida y económica que iniciar un procedimiento judicial”. Sin embargo, recuerdan que “estos procedimientos pueden implicar una vulneración de los derechos de las personas desahuciadas, ya que no existen garantías legales y se les impide solicitar la mediación de los Servicios Sociales”.

En una publicación oficial, leída el día de hoy en la concentración, el Sindicato de Inquilinos de Tenerife pide el apoyo de las instituciones y apunta a los partidos que gobiernan en las Islas; PSOE, Nueva Canarias y Podemos. Además, recuerdan que en el Archipiélago hay 150.000 viviendas vacías de propietarios particulares, según datos del 2021 de la Agencia Tributaria, y que “no se construye viviendas sociales desde el año 2009”.

También, el Sindicato alega que según el artículo 47 de la Constitución, “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Y sentencian que la solución pasa por “la expropiación, socialización y okupación de la vivienda”. Así como por "la recuperación de estos espacios de las manos de los bancos, grupos de inversión, y especialmente, de los fondos buitre”. Su portavoz, Pilar Orfila, asegura que seguirán haciendo concentraciones y manifestándose por redes hasta conseguir que estas subvenciones se eliminen.

Programa InnoBonos y financiación europea

La subvención otorgada a Okupa Canarias fue concedida por la concedida por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias y se enmarca dentro del programa InnoBonos. Este se basa en ayudas económicas a pymes que actúen en las Islas con un aporte del 70 % de la inversión, con cuantías que llegan a un máximo de 12.000 euros.

El programa InnoBonos está cofinanciado por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional de la Unión Europea. Este se basa en una ayuda por el importe de 1.037 millones de euros para “la realización de inversiones que mejoren y aumenten la competitividad del tejido productivo de la economía canaria”.