Comienza el juicio del caso 'Perla Negra' y terrenos de Portillo

Valladolid

Máxima expectación ante el juicio que arranca este lunes contra exaltos cargos de la Junta. Conoce los detalles más relevantes.

Los acusados

• Rafael Delgado Núñez. Alto cargo de la Junta desde 1995 a 2011. Entre los puestos que desempeñó durante este periodo cabe destacar el de consejero delegado de GESTURCAL, el de viceconsejero de Economía y el de secretario general de la Consejería de Economía. Durante 8 años ( 2003 a 2011 ) fue el nº2 de la Consejería de Economía
• Begoña Hernández. Exviceconsejera de Economía y Empleo entre 2007 y 2015
• Juan Carlos Sacristán. Exconsejero delegado de Gesturcal y exsecretario general de la Consejería de Fomento (época de Jesús Merino)
• Alberto Esgueva Gutiérrez. Fue consejero delegado de ADE INTERNACIONAL EXCAL, sociedad dependiente de la Consejería de Economía entre 2003 y 2006. Llegó a este puesto desde la empresa San Cayetano, a la que volvió tras dejar su cargo. Llegó, a la empresa pública, fichado por Tomás Villanueva, entonces consejero de Economía, para dar un impulso a la internacionalización de la actividad empresarial de Castilla y León
• Germán José Martín Giraldo. Administrador de Urban Proyecta PM3
• Ángel Román Montes. Gerente de Urban Proyecta PM3
• Carlos González Maestro. Consejero de Parque Empresarial Portillo y asesor de Urban Proyecta PM3
• Luis Antonio Recio. Empresario
• Luis Ángel Rodríguez. Empresario
• Francisco Esgueva. Empresario. Hermano de Alberto Esgueva

¿ De qué se les acusa?

De haber participado en distintas actuaciones que dieron lugar a un desfalco, según la Fiscalía cifrado en 23,6 millones de euros por las operaciones de la compra del edificio de Soluciones Empresariales conocido como 'La Perla Negra' y los terrenos para la creación de un polígono industrial en la localidad de Portillo (Valladolid).

¿ Qué delitos les imputa la Fiscalía?

En conjunto, de haber cometido presuntos delitos de cohecho, prevaricación, revelación de secretos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

¿ Qué dicen los acusados?

Tanto Rafael Delgado como Begoña Hernández mantienen su inocencia. A continuación puedes escuchar sus argumentos:

¿ Cuándo tuvieron lugar los hechos ?

La compra por parte de la Junta a través de GESTURCAL del edificio conocido como 'La Perla Negra' se firmó el 1 de abril de 2009. Por otro lado, Urban Proyecta PM3 comienza a comprar terrenos en la localidad de Portillo a partir de mayo de 2005. Las investigaciones judiciales que marcan el inicio de la instrucción se inician en 2013.

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¿ Qué penas se les pide a los acusados?

• Por parte de la Fiscalía: Para Rafael Delgado, Begoña Hernández y Juan Carlos Sacristán: 11 años de prisión.
• Para Alberto Esgueva, Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Carlos González Maestro, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez y Francisco Esgueva: 6 años de prisión. La Fiscalía pide una indemnización solidaria de 16 millones de euros. Hay que recordar que el juez instructor impuso en su día fianza solidaria de 18 millones de euros a los acusados.
• El Partido Socialista que ejerce la acusación popular pide penas más elevadas. Por ejemplo, para Rafael Delgado y Begoña Hernandez pide 34 años de prisión para cada uno. Por otro lado, los servicios jurídicos de la Junta solicitan una pena de 11 años de prisión para Rafael Delgado y 4 para Begoña Hernández.

Testigos

El juicio será largo. Entre los testigos llamados a declarar figura el ex presidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera.

Antecedentes explicativos

El 30 de diciembre de 2005, el Boletín Oficial de Castilla y León publica las condiciones y requisitos para concurrir al concurso público de arrendamiento con opción de compra de un edificio para la ubicación de servicios administrativos pertenecientes a la Junta . Trece días después, con la navidad por medio, la empresa Urban Proyecta PM3 S.L., perteneciente al grupo Parqueolid, presenta una oferta económica que finalmente gana el concurso por el que se compromete a arrendar un edificio, que en esos momentos no existe, en la finca 49 del sector 15 de Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, de 10.000 metros cuadrados construidos. El terreno es adquirido a Mahía Grupo Inmobiliario el día 11 de enero de 2006, un día antes de que Urban Proyecta formalice su propuesta y por consiguiente, antes de saber si su propuesta será la elegida. El precio de alquiler por metro cuadrado que se refleja en la oferta es de 24 €, un precio muy por encima de mercado, según distintas estimaciones, que supondría al año un desembolso para la administración regional de 2.880.000 € en concepto de alquiler. En el documento que recoge la oferta de Urban Proyecta PM3, también se hace mención a lo que la Junta debería abonar caso de ejercer la opción de compra. La cantidad mencionada es 34.900.000 €. Este importe es el resultado de sumar 27.400.000€ por el edificio y 7.500.000 por el suelo.

Información Privilegiada

El estudio de arquitectura Lamela, que lleva a cabo el proyecto, cifra en 34 millones el precio del inmueble, según consta en su propia web. Este estudio de arquitectura factura a Urban Proyecta el 14/09/2005 la cantidad de 31.320 € en concepto de "honorarios por la fase de concurso proyecto ADE" . Recordemos que hasta el 30/12/2005 el Bocyl no publica la convocatoria del concurso por el que la Junta de Castilla y León divulga que está interesada en alquilar un edificio, lo cual permite pensar que Urban Proyecta disponía de información privilegiada, tal y como se recoge en un informe de finales de 2014 del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía.

El precio del edificio

Si bien es cierto que el proyecto del inmueble posteriormente supera los 30.000 metros cuadrados construidos, tal y como figura en la web del estudio de arquitectura Lamela, la Junta de Castilla y León termina pagando 52.155.000 € + IVA (60.499.800), según se recoge en la escritura de compraventa fechada el 1 de abril de 2009, que se formaliza tras haber abonado el alquiler pactado durante varios meses y desatarse una gran polémica derivada de la elevada cuantía que la Junta, a través de la empresa pública Gesturcal tuvo que asumir. Una tasación del edificio sostiene que el precio satisfecho por la empresa pública se ajusta a las condiciones del mercado inmobiliario , valoración que la Fiscalía pone en duda, hasta el punto de que ha encargado una nueva tasación, entre otras cosas, porque en su momento se llevaron a efecto otras valoraciones en las que se indicaba que la cantidad abonada fue muy superior a la que en el momento de la compra reflejaba el citado mercado.

Distintas valoraciones

Una estimación de la propia Consejería de Hacienda situó el precio del inmueble entorno a los 40.000.000 €. La Junta mantiene que el precio pagado por el edificio conocido como 'La Perla Negra' es el reflejado anteriormente (52.155.000 +IVA) algo que no coincide con lo señalado por la Agencia Tributaria, desde donde se sostiene que Gesturcal pagó a Urban Proyecta la cantidad de 60.585.799,76 € +IVA, es decir, casi 8.5000.000€ más de lo que figura en las escrituras de compraventa. La Agencia Tributaria, en su informe, incluye varios conceptos, además del precio 'oficial' del edificio, relacionados con varias ampliaciones y modificaciones que habrían supuesto un notable incremento en el montante económico abonado finalmente por la Junta a través de Gesturcal. Estos conceptos podrían haberse abonado de forma irregular por no contar con la aprobación preceptiva de los órganos de gobierno competentes.

La escritura de compraventa del edificio se formaliza en la fecha mencionada (1 de abril de 2009) por Germán-José Martín Giraldo en calidad de administrador solidario de Urban Proyecta PM3 ( grupo Parqueolid ) y Rafael Delgado Núñez, en ese momento, consejero delegado de Gesturcal.

Acondicionamiento del edificio

Una vez construido el inmueble, se procede a adjudicar, sin concurso previo, a Unifica Servicios Integrales, la obra de acondicionamiento del interior de 'La Perla Negra' por valor de 4,4 millones de euros. Se trata de la misma empresa ( figura en los papeles de Bárcenas ) que ejecutó las obras de la sede del PP en la calle Génova de Madrid con dinero 'negro'.

Polígono de Portillo

Todo empieza a partir de la carta de Jesús Carlón, exdelegado de la empresa pública GESTURCAL en Burgos, León, Palencia y Zamora. Este antiguo directivo de la citada empresa señala que en plena crisis se compraron terrenos en la localidad de Portillo (Valladolid) para la promoción de un polígono a un precio excesivo por parte de la Junta a través de Gesturcal. Más allá de la oportunidad de iniciar en ese momento la creación de un polígono (estamos en plena crisis) o de pagar un precio muy elevado por los terrenos, lo que sorprende especialmente es que en las operaciones de compra de los terrenos aparecen empresas que van vendiendo los terrenos adquiridos a los agricultores incrementando el precio sustancialmente en cada transacción hasta que finalmente son adquiridos por Gesturcal a las empresas Parque Empresarial Portillo y Cementos la Bureba. La empresa pública termina endeudándose en 25 millones de € para poder materializar esta operación de compra, algo que se hace sin que la Tesorería General requiera la información preceptiva como dicta la ley, tal y como se refleja en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado al que ha tenido acceso la Cadena SER.

La operación por la que la empresa pública Gesturcal se comprometió a comprar los terrenos por un montante de unos 35 millones a Parque Empresarial Portillo y cementos La Bureba supuso, según ha conocido la Cadena SER de fuentes de la investigación, un beneficio para estas empresas de unos 25 millones, ya que las parcelas adquiridas entre los años 2005 y 2009 para luego vendérselas a la empresa pública en 2010 tuvieron un coste de 10,7 millones de euros.

El negocio parece redondo: se compra por diez y se vende por 35 y todo ello teniendo en cuenta que la empresa pública pudo adquirir los terrenos, si así lo hubiera querido, directamente, sin intermediario alguno. ¿Por qué algunos empresarios comienzan a adquirir unos terrenos sin aparente valor unos años antes de que se quiera promover el polígono?

En un informe del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía se dice textualmente que "parece que la actuación estuviera concertada desde mucho tiempo antes de que se realizaran los convenios de colaboración". En el proceso de compraventa entre empresas interpuestas desde que inicialmente se compran los terrenos a los agricultores, aparece Urban Proyecta PM3, la misma empresa que vende a ADE Parques el edificio de Arroyo de la Encomienda, que en la actualidad alberga dependencias de esta institución que forma parte de la Consejería de Economía.

De hecho, esta empresa, vende once de las catorce fincas en las que debió crearse el polígono por 8,5 millones de euros a Parque Empresarial Portillo, cuando Urban Proyecta las había comprado por cinco millones. Llama especialmente la atención una operación cerrada en octubre de 2006 por la que un particular compró dos de las catorce fincas por 6.000 y 5.500 euros y las vendió quince días después por 540.000 y 1.700.000 euros respectivamente, según obra en un informe del Ministerio de Hacienda.

En la Cadena SER entrevistamos el alcalde de Portillo.