Madrid ocultó casi uno de cada cinco positivos durante la sexta ola de la COVID-19

Madrid

La irrupción de la variante ómicron durante la sexta ola volvió a dejar al descubierto las carencias de la capacidad de diagnóstico del COVID-19 en Madrid –y en buena parte de España-. Una vez más el sistema se vio desbordado y hubo que adaptar a toda prisa los protocolos para tratar de aligerar la carga de los profesionales sanitarios que, de nuevo, no daban abasto con el trabajo que se acumulaba en los centros sanitario.

El 21 de diciembre la Comunidad de Madrid anunció que dejaba de hacer prueba de confirmación a los casos asintomáticos o leves. También, que pasaba a considerar "verdaderos positivos" los resultados afirmativos provenientes de las pruebas de autodiagnóstico, los famosos test de farmacia a los que Ayuso confió buena parte de su Plan COVID-19 para la Navidad. Lo había presentado tres semanas antes y contemplaba que cada madrileño pudiera recoger un test gratis en su botica a partir del 15 de diciembre. La apuesta resultó fallida y las pruebas no comenzaron a llegar, con cuentagotas, hasta el 22 de diciembre.

La duda que surgió entonces fue qué pasaba con esos ‘positivos caseros’. ¿Se quedaban al margen de la estadística oficial y, por tanto, de los datos de incidencia acumulada? Esos días la Consejería de Sanidad madrileña, a través de sus portavoces, solo ofrecía evasivas. Esas fuentes insistían en que la región “los iba a contar” y que se iban a transmitir al Ministerio “los que establezca, como siempre”. No fue así.

El resultado es que al menos 55.223 positivos, notificados por los ciudadanos a través del teléfono 900 102 112 a las autoridades sanitarias, se quedaron fuera de la estadística oficial. No se transmitieron al SiViEs –el Sistema de Vigilancia de España, dependiente del Centro Nacional de Epidemiología-; no computaron a la hora de calcular la incidencia acumulada; y, en ningún momento, se dieron a conocer a la opinión pública.

El número de contagios que el Ejecutivo de Ayuso metió bajo la alfombra es en realidad mucho mayor. Esos más de 55.000 positivos corresponden solo al periodo entre el 13 de enero y el 6 de marzo, así que no incluyen todos los casos que se comunicaron por teléfono entre el 21 de diciembre de 2021 –cuando la Consejería de Sanidad cambió los procedimientos- y el 12 de enero. Es en ese periodo cuando la región alcanzó el pico de la sexta ola, pero la respuesta ofrecida desde el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid a la SER elude los datos de esos días.

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La cifra, aunque parcial, está ya depurada de duplicidades y permite inferir -con los datos de los ‘positivos oficiales’- la cantidad de infecciones que se quedaron en los cajones de la Consejería. Así, si sumamos esas más de 55.000 infecciones que la Consejería de Sanidad no notificó a la Administración General del Estado –ni a los madrileños-, a las 248.120 ‘oficiales’, que sí se notificaron al Ministerio de Sanidad, el resultado es que más del 18% de los casos registrados durante esos días nunca se comunicaron.

A mediados de diciembre la estrategia de detección precoz del departamento de la socialista Carolina Darias establecía que solo eran de declaración obligatoria los casos confirmados mediante pruebas diagnósticas realizadas por un profesional, así que Madrid directamente dejó de notificar esos positivos telefónicos. Ese requisito cambió el 30 de diciembre, cuando la Comisión de Salud Pública, integrada por los directores generales de Salud Pública de todas las Comunidades y del Ministerio, adaptó esa estrategia.

“Los resultados de los autotest, en situaciones en las que CC.AA. no puedan garantizar la confirmación en tiempo por PDIA, y que, por tanto, se manejen como casos de COVID, se considerarán confirmados, se integrarán en el sistema de vigilancia y en la notificación habitual a través de SIVIES al Ministerio de Sanidad”, decía ese documento acordado el penúltimo día de 2021. Madrid nunca lo cumplió y fue entonces cuando comenzó el contorsionismo discursivo del consejero de Sanidad, el popular Enrique Ruiz Escudero, para intentar justificarlo.

Ese mismo 30 de diciembre el titular madrileño de Sanidad aún insistía en que “[los test de farmacia] no entraban en la definición de caso” que fijaban los protocolos. “En cuanto el Ministerio nos facilite la manera de reportar todos esos casos, lo haremos encantados”, aseguró Ruiz Escudero. Nunca lo hicieron. La siguiente justificación fue que los sistemas de notificación del SiViEs –dependiente del Centro Nacional de Epidemiología- aún no incluían una casilla para incorporarlos. Cuando eso se solventó, la Comunidad de Madrid aseguró que tenía que adaptar sus propios sistemas informáticos.

Excusa sobre excusa llegó el 13 de enero, el día en el que finalmente Ruiz Escudero admitió que “no se registran los casos de autotest como casos de la pandemia”. El argumento del consejero es que Madrid evitaba notificar esos positivos para “mantener la calidad de la estadística”, a pesar de que otras Comunidades Autónomas -cumpliendo con el acuerdo que se habían dado- sí los estaban reportando. A día de hoy, la Consejería mantiene la misma tesis. En su respuesta a través del Portal de Transparencia. Sanidad asegura que “ha realizado internamente un análisis epidemiológico específico”, aunque admite que [la notificación telefónica] “no se contabiliza en los informes oficiales”.