El Gobierno apunta a la extrema derecha como responsable de la huelga en el transporte a la que se vinculan, por ejemplo, problemas de distribución de algunos productos como la leche. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha asegurado en Sevilla que «es una reacción que parece orientada por los posicionamientos de la ultraderecha» y ha destacado que, tratándose de «una acción minoritaria», los transportistas «no están haciendo uso de su derecho a la huelga, sino que están boicoteando al resto de trabajadores que, en un momento tan complicado como este, están trabajando para garantizar el suministro de alimentos de primera necesidad». Rodríguez ha añadido que «nada tienen que ver esas demandas legítimas, por el precio de los carburantes, con lo que estamos viendo hoy en las calles que ponen en riesgo la vida de quienes están trabajando y el abastecimiento de los productos básicos». «Esto es un boicot en toda regla y está alentado por esos posicionamientos de odio que en nada favorecen al diálogo y a la convivencia», ha asegurado. El desabastecimiento de leche y de productos lácteos «se está notando ya» en los lineales de los supermercados «a causa del bloqueo del transporte», según la interprofesional (Inlac) que reúne a los productores y a la industria. Esta asociación ha indicado que la huelga de transportes «provoca el colapso de ganaderías y fabricantes», además de ese desabastecimiento, según ha señalado en un comunicado en el comienzo de esta primera jornada de parada anunciada en la industria láctea. La interrupción en la circulación de camiones «está poniendo en peligro» el suministro de piensos a las granjas, de embalajes y materiales a las plantas de producción y la salida de leche y otros productos lácteos terminados hacia los supermercados. Más de 2.000 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Galicia están actuando para facilitar el tránsito de camiones entre los piquetes que secundan el paro del transporte. Así lo ha confirmado este jueves en Vigo el delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones, quien ha subrayado que cualquiera puede tener derecho a parar pero no a impedir que otros trabajen”. Es por ello que las fuerzas de seguridad del Estado están realizando más de 400 acompañamientos a diferentes transportistas que sí quieren trabajar, e incluso a empresas que están solicitando ayuda al Gobierno para poder continuar operando, las cuales, según Miñones, “son la gran mayoría”.