Ferrol, entre los ayuntamientos "no colaboradores" con el Defensor del Pueblo
Lo incluye en su informe de actividad de 2021

GRAF1740. MADRID, 18/03/2022.- Ángel Gabilondo ofrece una rueda de prensa tras presentar en el Congreso el primer informe anual del Defensor del Pueblo desde que fue elegido para dirigir esa institución, el correspondiente a 2021, segundo año marcado por la pandemia de coronavirus. EFE/ Fernando Alvarado / FERNANDO ALVARADO (EFE)

Santiago de Compostela
Los ayuntamientos de Bergondo, Ferrol, Bueu, O Carballiño y Verín figuran como cinco de los 110 municipios "no colaboradores" señalados por el Defensor del Pueblo en su informe de actividad de 2021.Así consta en un anexo del informe, que señala a aquellas administraciones que se demoran en responder a los requerimientos del Defensor o, incluso, no llegan a contestar.
De hecho, la institución recuerda que la ley vigente obliga a que las administraciones contesten a este órgano sobre la información que precisa para sus actuaciones. Entre los 110 ayuntamientos señalados figura el de Ferrol, al que el Defensor solicitó información sobre la devolución de ingresos indebidos al en diciembre de 2020 y en junio de 2021.
En el informe, el Defensor del Pueblo acusa a tres Ministerios --Hacienda, Justicia y Universidades--, a seis comunidades autónomas --Canarias, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana--, a las dos ciudades autónomas --Ceuta y Melilla-- y a 110 entidades locales de ser administraciones "no colaboradoras".
Muchos de estos requerimientos tienen que ver con cuestiones ordinarias de los ayuntamientos o entidades locales menores como temas relacionados con urbanismo, residuos urbanos, etc.Por ello, las entidades prevalentes en este listado suelen ser este tipo de administraciones.
Aquí, el defensor del pueblo entiende las carencias y falta de medios materiales y humanos de los pequeños municipios y las dificultades que les puede plantear recopilar cierta información. No obstante, desde este órgano aseveran que estas dificultades no les exime de la obligación de contestar al Defensor del Pueblo.




