Las personas con movilidad reducida rechazan el nuevo pago de la tarjeta ORA en Gijón

Gijón

Mónica Oviedo, presidenta de la Unión de Discapacitados del Principado de Asturias (UMA) y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Asturias (COCEMFE), no disimula su enfado. La representante de ambas organizaciones se ha mostrado muy molesta en SER Gijón contra los cambios que obligarán al colectivo de personas con movilidad reducida a pagar por el aparcamiento en la zona ORA tras haberlo hecho los últimos 20 años de forma gratuita. Una excepción de pago que "puede decidir si aplica o no cada ayuntamiento" y que ahora "al elaborar esta nueva ordenanza, alguien ha decidido quitarnos este beneficio y no lo entendemos. Los argumentos que ponen encima de la mesa no nos parecen con suficiente peso".

Entre las razones del cambio, el consistorio ha explicado a través de una nota de prensa que "la nueva tarjeta ORA quiere aumentar el control y evitar los usos inadecuados que se producen", y recuerda que, las tarjetas que emite el Principado, son de carácter personal pero "no incluyen el número de matrícula". Para Mónica Oviedo, la argumentación no es suficiente para establecer el nuevo pago que ascenderá a 45 euros anuales. "Nos dice que es por control del uso inadecuado, pero ese control se consigue con que la policía de manera exhaustiva vigile y controle que esas tarjetas se están utilizando adecuadamente, porque la mayoría de las personas las estamos utilizando bien y en Gijón hay 3.000 tarjetas", ha apuntado.

En cuanto a las consecuencias que pueda tener esta medida, desde UMA y COCEMFE alertan de que "Gijón será la única gran ciudad asturiana que no concedería este beneficio" y recuerdan que esta es una tarjeta "europea". Mónica Oviedo ha insistido: "No somos iguales. Partimos de una situación de desventaja por la discapacidad y, en cuestión movilidad, cualquier persona puede decidir cómo desplazarse por la ciudad pero nosotros no. No podemos hacerlo, vamos normalmente en nuestro coche o en un taxi adaptado. Así, ya no estamos en igualdad de condiciones y esa desventaja se traduce en un mayor gasto. Las personas con discapacidad tienen un sobrecoste motivado por esa discapacidad que va de 3.000 euros a100.000 euros al año, según un estudio de la Universidad Carlos III".