Un año de trámites y la última tecnología: a esto se enfrentan las mal llamadas 'macrogranjas'

Valladolid

En la ultima semana, en la provincia de Valladolid, se ha iniciado el trámite para instalar dos granjas porcinas, una en Corcos del Valle y otra más en Quintanilla de Trigueros. Son instalaciones que generan rechazo social, como les hemos contado en estos micrófonos, así que hemos querido conocer los trámites a los que se enfrentan.

En realidad, lo que conocemos como 'macrogranjas' son granjas de grandes dimensiones que necesitan una autorización medioambiental integrada, que determina las condiciones de la explotación para lograr la máxima protección del medio ambiente.

El trámite comienza con la solicitud de esa autorización; después se les exige un complejo documento en el que deben especificar los detalles tecnológicos con que van a contar, siguiendo lo acordado en la Unión Europea en 2017 sobre las "mejores técnicas disponibles". Se trata de un documento, pactado entre administraciones, asociaciones del sector y colectivos ecologistas, que describe las mejores técnicas y tecnologías para tener el mejor comportamiento posible en materia medioambiental.

Después pasa a exposición publica, 45 días, y a partir de ahí llegan los informes sectoriales. El más importante, el que debe emitir la Consejería de Agricultura y Ganadería, que atañe al uso de los estiércoles como fertilizantes. Jaime Fernández Orcajo, el Jefe de Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Castilla y León ha explicado en la SER que "esos estiércoles se usan como fertilizantes pero se tiene que hacer de una determinada manera y siempre en las dosis adecuadas para que no haya sobrantes". De esta forma, la consejería hace un informe sobre este asunto, cuidando de que la empresa no incurra en un exceso de estiércol y no haya terreno suficiente donde depositarlo.

Después, teniendo en cuenta todos los informes presentados por la empresa y por los distintos sectores, se da audiencia a todas las partes interesadas en el proceso. Con toda esa información, la administración competente, en este caso la Junta de Castilla y León, emite una resolución. En total, un año de trámites burocráticos de un proceso cada vez más exigente: "Antes, con un sector más tradicional, no había personas expertas con la preparación técnica que hay ahora, porque no tenían esa formación, pero ahora las empresas tienen técnicos muy cualificados de forma que los expedientes tienen un mayor nivel de control y de detalle".

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Fernández Orcajo rechaza que la contaminación por nitratos la generen estas explotaciones de gran tamaño y señala a los agricultores y el exceso de uso de fertilizantes: "En Castilla y León, en 2019, hubo un exceso de nitratos de cerca de 118.000 toneladas. Esto quiere decir que los agricultores compraron esa cantidad de abonos químicos de más, que al final es fácil que terminen en las aguas subterráneas".

Y ya sobre la polémica generada en Corcos del Valle y alrededores, recuerda que hay otras explotaciones en esa zona, más antiguas, que generan más problemas.