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Juicio a un médico del SAS por supuesta falsificación de recetas

Le reclaman cuatro años y medio de prisión tras acusarle de falsificar recetas con el fin de enviar medicamentos al Sáhara, país de origen de este facultativo que deberá sentarse en el banquillo como presunto autor de un delito de falsedad en documento público

La puerta de una de las salas de juicios en la Audiencia Provincial de Jaén. / europa press

Jaén

La Audiencia de Jaén tiene previsto juzgar la próxima semana a un médico del Servicio Andaluz de Salud para el que Fiscalía reclama cuatro años y medio de prisión tras acusarle de falsificar recetas con el fin de enviar medicamentos al Sáhara, país de origen de este facultativo que deberá sentarse en el banquillo como presunto autor de un delito de falsedad en documento público.

Según recoge el escrito de calificación provisional del Ministerio Público al que ha accedido Europa Press, el acusado como médico del SAS adscrito a las poblaciones jiennenses de Peal de Becerro, Quesada y Huesa, entre enero y julio de 2019 "extendió a nombre de dos de sus familiares, concretamente su mujer y su cuñada, recetas oficiales del SAS de manera injustificada y sin una finalidad asistencial para las mismas".

En este extremo, el fiscal incide en que ni la mujer ni la cuñada del acusado "tenían antecedentes ni patologías clínicas que requirieran tales prescripciones" por lo que el único objetivo era "enviar todos esos medicamentos a su país". Asimismo, Fiscalía apunta que "valiéndose de la relación de confianza que tenía con sus compañeros de trabajo", solicitó que le prescribieran un medicamento que "recetaron sin sospechar el objetivo del acusado". Lo hacía "guiado por el ánimo de obtener un enriquecimiento injusto y abastecerse de medicamentos proporcionados por el SAS para posteriormente transportarlos a su país de origen a su país del origen, el Sáhara".

En total, el acusado extendió un total de 40 recetas, todas ellas de medicamentos de primera necesidad como paracetamol, ibuprofeno, antibióticos o tranquilizantes. Fue la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud y Familias el que detectó lo que supuestamente estaba ocurriendo con las recetas. El valor total de los medicamentos prescritos asciende a 286,46 euros y el perjuicio económico causado a la Consejería de Salud y al Instituto Nacional de la Seguridad Social asciende a 192,86 euros.

Además de la pena de prisión, Fiscalía reclama que se le imponga una multa de 4.500 euros e inhabilitación especial para la profesión de médico o personal sanitario durante cuatro años. Además, se le impone que abone al SAS 192,86 euros en concepto de responsabilidad civil.

 
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