Las principales organizaciones de agricultores y ganaderos, junto a entidades de los sectores de la caza y los toros, han convocado una manifestación para este domingo en Madrid en defensa del mundo rural. La marcha ha comenzado en torno a las 11:00 horas bajo el lema «Juntos por el campo». Según una primera estimación de la Delegación del Gobierno basada en imágenes aéreas de la policía, la asistencia supera, a penas dos horas después del comienzo de la marcha, las 100.000 personas, que se distribuyen a lo largo de 3 kilómetros. Según los organizadores, sin embargo, la cifra de manifestantes asciende hasta los 400.000. La manifestación ha comenzado desde la sede del Ministerio de Agricultura, en la glorieta de Atocha y se dirigirá hasta la sede del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en Nuevos Ministerios. Los organizadores han elaborado un manifiesto en el que exigen al Gobierno medidas en favor de «un mundo rural vivo, para que el campo sea un espacio para vivir dignamente, que sea comprendido y valorado desde el mundo urbano». Según el presidente de Asaja, Pedro Barato, «el mundo rural necesita salir a la calle para denunciar los atropellos de los que es objeto y reivindicar temas que son de justicia». Asaja menciona por ejemplo la última reforma laboral, “que no es la que necesita el sector”, o la regulación de las tarifas eléctricas, donde el sector agrario es el único que «sin utilizar la luz tiene que pagarla». Para Miguel Padilla, secretario general de COAG, el Plan Estratégico de la nueva PAC enviado a Bruselas no responde a las necesidades de los agricultores y ganaderos profesionales. “Se deben priorizar los apoyos a aquellos activos agrarios que viven de su trabajo en el campo y generan verdadera economía real en el medio rural. Sin sostenibilidad económica de las explotaciones agrarias profesionales difícilmente habrá sostenibilidad social y medioambiental”, afirma Padilla. La asociación agraria UPA alerta de la “gravísima” coyuntura que atraviesan la agricultura y la ganadería debido a la falta de precios justos y el incremento de costes de producción, según su secretario general, Lorenzo Ramos. Asimismo, Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), pide que se asista a la manifestación dada la preocupación del sector cinegético «ante la deriva anticaza del Gobierno de España», “que desprecia a la caza como actividad generadora de economía, fijadora de empleo y sustento de muchas poblaciones rurales”. Desde Alianza Rural, otra de las entidades convocantes, su presidente Fermín Bohórquez, señala que “no se puede admitir que se legisle a nuestras espaldas, desde una visión urbanita desconocedora de la realidad del campo, de la realidad del mundo rural. Perjudicando nuestros intereses, empujando nuestros pueblos al abandono o a convertirlos en museos para visitar los fines de semana”, denuncia Bohórquez. La Unión de Criadores de Toros de Lidia exige la defensa y promoción de la actividad derivada de la ganadería de bravo como patrimonio cultural, recogida en un real decreto de 2013, y la regulación fiscal reducida para la venta del toro bravo como producto cultural, entre otras reivindicaciones. El campo ha exigido al Gobierno un plan de choque «urgente y contundente» que ponga fin a la especulación en un contexto marcado por la actual coyuntura sociopolítica, en especial por la guerra en Ucrania y la huelga de transportes, y por el aumento generalizado de los costes derivado del alza de las materias primas. «El campo ha venido a decir basta ya de que nos chuleen, de que nos ataquen desde el propio Gobierno y de poner en riesgo la alimentación y el trabajo de muchas familias», ha afirmado Pedro Barato, presidente de Asaja, para quien «el Gobierno no tiene excusa». «Si el Ejecutivo no atiende sus peticiones es porque es un irresponsable», ha sentenciado. Barato ha afirmado, no obstante, que «hoy no es el fin. Es el comienzo de buscar soluciones» y ha pedido Sánchez que «se deje de viajar y empiece a actuar» y que «quite del Ejecutivo a aquellos ministros que atacan al campo, a la ganadería, a la caza, a los toros y al mundo rural». «Basta ya», ha reiterado. El presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Manuel Gallardo, ha clamado en la manifestación en defensa del medio rural contra las «políticas anticaza» del Gobierno «entregado al ecologismo y el animalismo» y le ha advertido de que «no puede prohibir el plomo». «¡Basta ya!», ha aseverado Gallardo, quien ha reivindicado que la «caza será punta de lanza en Madrid» en la jornada de movilización, a la que la RFEC ha desplazado, según ha afirmado, más de 1.000 autobuses con personas del sector cinegético. «No podemos permitir que el Gobierno acabe con un sector que mueve 6.500 millones de euros en este país y genera 200.000 puestos de trabajo. Es motor y generador de oportunidades en el mundo rural», ha defendido. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha dicho en los últimos días que el Gobierno respeta esta manifestación y comprende el llamamiento que está haciendo el campo para ser “escuchado” y recibir la misma consideración que el mundo urbano. Sin embargo, ha alegado que este gobierno es “el que más ha hecho por el mundo rural en los últimos 20 años” y pone como ejemplo medidas como el nuevo plan de la PAC, la ley de cadena alimentaria o las ayudas al regadío. Desde la oposición, PP y Vox acudirán con representantes a la manifestación. El alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez Almeida ha manifestado que “Madrid recibe con los brazos abiertos las justas reivindicaciones del medio rural de toda España”. “No podemos vivir de espaldas a nuestro campo ni al trabajo de agricultores y ganaderos: son la base de la riqueza de nuestras ciudades y del conjunto de la nación”, ha dicho el alcalde de la capital. La portavoz del Partido Popular en el Congreso y coordinadora general de la formación, Cuca Gamarra, ha reclamado al Gobierno que «escuche» y «dialogue» con la España «real» que, según ella, es la que ha salido este domingo a la calle para manifestarse «en defensa del medio rural». «Esta es la España real, a la que el agua le llega al cuello y ya no es capaz de llegar a fin de mes, y que lo único que pide a su Gobierno es que le escuche, dialogue y tome medidas», ha apostillado. Esto, ha subrayado, es lo que exige el PP al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien tiene que tomar medidas «urgentes» que no pueden esperar un día más. Para Gamarra, «hace mucho tiempo que los problemas de los españoles han dejado de ser los problemas de Pedro Sánchez», entre ellos el «gran problema» que enfrentan «día a día» los «millones de españoles que ya no pueden llegar a fin de mes», ha lamentado. «Lo que se pide son planes de choque, medidas, una fiscalidad que permita que el medio rural sobreviva y exista, pero no solo medio rural», ha precisado, para reclamar que «se flexibilice la PAC, se invierta en infraestructuras hidráulicas y que no se criminalice ni se señale a aquellos que salen de una manera pacífica a defender sus derechos en las calles españolas». «El Gobierno tiene que abandonar esa política de señalamiento y criminalización, de generar sectarismos en una sociedad que está unida única y exclusivamente pidiendo medidas», ha demandado, para pedir también «menos ideología» y «más medidas» para que España «pueda seguir siendo España», con un sector primario «importante». «El campo hoy lanza un SOS y el PP está aquí para escuchar, atender y decirles que efectivamente es necesario tomar medidas ya. Nosotros estamos dispuestos a adoptarlas», ha concluido. El vicesecretario general y portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en el Congreso, Edmundo Bal, ha exigido al presidente del Gobierno que actúe «ya» ante la escalada de precios ya que «no hay paciencia que valga» para las familias y trabajadores del campo que están «con el agua al cuello». «Que no espere al 29 de marzo, ni a los consejos europeos (...), hace falta actuar ya con absoluta decisión», ha reclamado en el marco de la manifestación que recorre este domingo Madrid en defensa del medio rural. En este sentido, Bal ha lamentado que el Gobierno «deje de lado» a los trabajadores del campo y que, además, les «insulte». «Nos viene a tratar como idiotas diciéndonos que la culpa de esto la tiene Putin», ha criticado. «Mira para otro lado y pide paciencia. La paciencia va a acabar con muchos negocios y explotaciones que tiene la gente que ha venido hoy aquí. No hay paciencia que valga», ha advertido. Por otro lado, el vicesecretario de Ciudadanos se ha referido al paro de transportistas, que afecta al medio rural, y ha afeado que el Gobierno «criminalice» a los que participan en él. «Si el PSOE y Unidas Podemos no estuviesen en el poder, apoyarían y alentarían la huelga», ha asegurado, para reclamar una negociación con los transportistas para solucionar un problema que va a repercutir en los bolsillos de los españoles. El consejero en funciones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, ha acusado al Gobierno de «dar la espalda» a agricultores y ganaderos al tiempo que ha advertido de que «sin campo, no hay vida». El consejero en funciones ha evidenciado que Madrid deja de ser por «unas horas» la capital, porque, a su juicio, la capital es «todo el campo español». A su juicio, la movilización de este domingo es una «expresión» de «compromiso y solidaridad» con el medio rural, pero también de «reivindicación» ante un Gobierno que, «en muchos casos», ignora a este sector. «Pensemos en el Plan Hidrológico Nacional, que no da capacidad de regulación en el regadío de la Comunidad, en todo lo referente al lobo y que maltrata al ganadero; los costes de producción, el incremento del coste de las materias primas; la huelga de transportes o todo lo derivado de la invasión de Ucrania», ha ejemplificado. Carnero ha exigido «dignidad» para el campo tanto al Gobierno como a las institución comunitarias que «tanto» tiene que decir «en aras» a la consecución de que no solo se base la PAC en la sostenibilidad medioambiental, «sino que también haya sostenibilidad económica, rentabilidad, sostenibilidad social y alimentaria», ha apelado. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha reclamado “un trato justo para un sector esencial, porque fueron considerados héroes durante la pandemia al garantizar el abastecimiento de la población, mientras que tan solo unos meses después ha sido abandonado por el Gobierno de España”, según ha informado la propia Comunidad. “Ahora se hace más importante que nunca poner las condiciones necesarias para ayudar a nuestros agricultores, ganaderos y transportistas”, ha defendido. “Estamos viendo cómo en algunas cuestiones no podemos depender de terceros países fuera de la UE”, por lo que para atajar esta situación “el Gobierno de España tiene que implicarse. En ese sentido, Miras ha señalado que “es primordial que seamos autosuficientes a la hora de proporcionar el sustento a la población” y acabar con la subida indiscriminada de los costes de producción que les hace inviable producir alimentos y poder llegar a fin de mes, de los hidrocarburos, del gas, de la electricidad, así como bajar el precio de las materias primas”. Finalmente, el murciano ha demandado “medidas concretas que no abandonen a nuestros agricultores”. La portavoz de Unidas por Extremadura en el Parlamento regional, Irene de Miguel, ha instado este domingo a impulsar medidas urgentes a corto plazo para que alivien inmediatamente las economías de las familias agroganaderas que, además de la crisis de precio, están sufriendo los efectos de la sequía y de la guerra en Ucrania”. De Miguel ha destacado también la necesidad de avanzar hacia un modelo más sostenible y menos dependiente de los insumos del exterior” y ha apostado por proteger a la agricultura social y familiar, “porque es la que articula nuestros pueblos”. “No se puede hablar de luchar contra la despoblación si no garantizamos las rentas agroganaderas y si no se fortalece al sector primario”, ha dicho. La extremeña ha pedido también que los problemas que afectan al campo sean abordados de forma transversal por parte de todo el Gobierno, y no solo desde Agricultura “porque el sector primario tiene que ser considerado un sector estratégico de seguridad nacional, ya que es el que garantiza la alimentación de la población”.