Condenado por querer ser alcalde de Benicolet a base de querellas

Valencia

Lo cuenta la SER. Quería ser alcalde a base de querellas y ha acabado condenado y deberá pagar las costas del procedimiento. Ocurrió en Benicolet, una localidad de apenas 600 habitantes de la Vall d'Albaida, José Santamaría Prats era concejal y soñaba con ser alcalde de la mano de su partido, una agrupación independiente. Pero no lo conseguía por la vía de los votos. Así que decidió hacer la guerra desde la justicia acusando a dos alcaldes sucesivamente, uno del PP y otro de otra agrupación independiente, con querellas por permitir construcciones ilegales en el municipio. Por prevaricar.

Sin embargo, como ha explicado el abogado Mario Mañá que ha defendido los intereses de los dos alcaldes sistemáticamente denunciados, al final ha sido la justicia la que les ha dado la razón con un añadido importante y poco común: la condena en costas del denunciante por su actitud, es textual, temeraria. Por existir un móvil espurio de carácter político.

La sentencia del juzgado de lo penal número 11 de Valencia a la que ha tenido acceso la SER lo deja claro. José Santamaría Prats fue acusación particular. Acusaba de un delito continuado sobre la ordenación del territorio y el urbanismo cometido por omisión y con carácter subsidiario de otro delito de prevaricación a Antonio Pastor Pérez y Mateo Prats Prats, alcaldes sucesivos de esa población valenciana. Pidiendo para ellos penas de prisión y la inhabilitación para ejercer cargo público.

Sin embargo, la defensa de los dos alcaldes pedía la absolución y la imposición al querellante de las costas del procedimiento por lo que finalmente ha acreditado la sentencia: "temeridad y mala fe". Pastor y Prats Prats fueron alcaldes de la localidad entre 2007 y 2011 el primero y entre 2011 y 2015 el segundo. Durante la vigencia de sus mandatos, y una vez conocieron las construcciones ilegales citadas por las denuncias de Santamaría Prats, dictaron múltiples resoluciones denegando licencias de obras y otras tantas acordando la restauración de la legalidad urbanística, así como multas e incluso demoliciones de lo construido.

Todo ello en un ayuntamiento de pequeño tamaño sin recursos para poder llevar a cabo una labor efectiva de inspección y control. Algo que el denunciante conocía de sobra puesto que fue concejal durante todo el tiempo en que los denunciados fueron alcaldes. El fallo es contundente: la absolución de los dos ex alcaldes y la imposición a José María Prats "de las costas de la defensa, por temeridad".