Medidas para frenar la escalada de la energía: ni topes, ni impuestos

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se han reunido este martes con los primeros espadas de las principales empresas energéticas españolas para buscar una solución a la subida de los precios energéticos -tanto en materia de luz como de carburantes- que está causando estragos desde que comenzó la guerra en Ucrania, aunque se trata de una situación que, especialmente en el caso de la electricidad, se arrastra desde hace meses. Sin embargo, no han llegado a un acuerdo sobre ninguna solución concreta que presione esos precios a la baja y parece que el Ejecutivo comienza a descartar tanto un gravamen sobre los beneficios de las energéticas como un tope en el precio de la luz en el mercado mayorista. “No hemos hablado de impuestos a las grandes eléctricas, hemos hablado del modo en que conseguir energía más barata, y del modo en que grandes actores institucionales como las grandes eléctricas pueden contribuir en mucha mayor medida al confort de los consumidores” ha señalado Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

“Es importante que las medidas que se adopten vayan también a la raíz del problema y que nos permitan tomar medidas coyunturales pero que puedan mantenerse a lo largo del tiempo por si dura mucho y que representen un reparto razonable de ese esfuerzo entre los distintos actores y que no se financie todo vía presupuestos, recayendo sobre los contribuyentes” ha apuntado la ministra en esa comparecencia en la que ha indicado que, con quienes acudieron a la reunión -Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola; José Bogas, consejero delegado de Endesa; Francisco Reynés, presidente de Naturgy; José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, Josu Jon Imaz, CEO de Repsol, y Ana Paula Marqués, consejera delegada de EDP- no se ha hablado de una posible subida de impuestos sino de "facilitar el compromiso de todos con los consumidores domésticos e industriales". "Creemos que el origen está en el gas, y lo venimos diciendo desde hace meses, y creemos que es la forma más inmediata para bajar el precio. Entendemos que hay que abordar este tema, pero debe hacerse en el marco europeo, creemos que el método más rápido es la limitación del precio del gas, que no es la limitación de los 180 euros, y creemos que debe hacerse de forma excepcional y limitada" apunta Marina Serrano, presidenta de AELEC, quien defiende que "el de los beneficios (de las energéticas) es un tema discutible, y basta ver cómo han sido los resultados de las compañías. No hay esos beneficios extraordinarios, en los cuales además siempre hay que dejar a salvo la energía que está contratada a un precio muy por debajo del precio marginal del pool" explica.

Tampoco el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa una medida concreta para rebajar el precio de los carburantes para los consumidores, aunque la ministra de Asuntos Económicos ha apuntado que el Gobierno trabaja con la idea de bonificarlos. "Estamos planteándonos un modelo similar al que se va a poner en marcha a partir del 1 de abril también en Francia en el que hay una parte de la financiación que viene de los presupuestos públicos y una parte de financiación que es de las empresas petroleras" ha apuntado Nadia Calviño.

Una inacción, o una falta de comunicación sobre las medidas que realmente está barajando el Ejecutivo, que critican duramente desde las asociaciones de consumidores. “Leemos que después de una reunión del presidente con las eléctricas, da la sensación de que le han puesto firme, de que lo que ocurrió con Ribera cuando se reunió con los gerifaltes de las compañías el año pasado, lo que anunciaba se da marcha atrás o lo que no se ha anunciado se deja claro que no se va a poner en marcha. Evidentemente habría que aumentar los impuestos a las eléctricas, porque son compañías que se están forrando, y evidentemente habría que poner topes -no como el que se anunció la semana pasada, de 180 euros, que era lo de siempre- si no un tope razonable, un tope prudente, de 50 euros.” explica en Hora 25 de los Negocios. Rubén Sánchez, Secretario General de Facua.