Víctimas de abusos piden al presidente de la Conferencia Episcopal que colabore con el Defensor del Pueblo

Madrid

La Asociación Nacional Infancia Robada (Anir), que aglutina a víctimas de abusos en el seno de la Iglesia y a sus familias, ha pedido este miércoles al presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, que colabore con el Defensor del Pueblo en su investigación sobre este asunto.

Y lo han hecho en una reunión con Omella, en la sede de la CEE, que ha durado tres horas y media, y en que la quince representantes de Anir le han manifestado su rechazo a la auditoría independiente que los obispos han encargado al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo para investigar los casos de pederastia en la Iglesia.

Según ha señalado a los periodistas tras el encuentro una de las representantes de Anir Ana Cuevas, la asociación no puede reconocer como autoridad a ese despacho por los "intereses contrapuestos" ya que el socio principal, Javier Cremades, es miembro del Opus Dei, una prelatura "tremendamente jerarquizada" donde, ha dicho, "impera el silencio cómplice" y defiende a "los agresores".

"No podemos aceptar que esta investigación se quede en datos estadísticos y un protocolo de escasa implantación, y que sigan defendiendo a los agresores y considerándolos como uno de los nuestros, mientras abandonan, ningunean y niegan a los niños y niñas católicos de familias católicas", ha dicho Cuevas.

Esta asociación deposita su confianza en la labor del Defensor del Pueblo, y ha pedido a Omella que de "un paso al frente" con "responsabilidad" y "eficacia" para que abra los archivos de la iglesia con toda la información necesaria para "depurar" responsabilidades y colabore con Gabilondo en la investigación de los abusos. Cuevas ha señalado que las víctimas ven en el Defensor un modelo adecuado para una investigación "neutral", "exhaustiva" y transparente.

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Omella, que no ha hecho declaraciones, sí ha estado unos segundos antes de que Cuevas tomara la palabra ante la prensa y ha indicado que agradecía mucho la confianza con la que han hablado en el encuentro y también la escucha. La asociación ha valorado y agradecido "el acercamiento" de Omella, que, según Cuevas, estudiará la petición y lo hablará con el Papa.

En la reunión, los miembros de la asociación han exigido a la CEE una solución a los casos concretos que han expuesto, así como una condena "rotunda, sin paliativos" de los abusos en el seno de la Iglesia y un "perdón público".

También han reivindicado terapias sicológicas y siquiátricas reparadoras de por vida para los supervivientes, ayudas para conseguir un trabajo, además de reparación económica y una indemnización por incapacidad laboral. "Es su deber", ha dicho Cuevas.

Esta no es la primera vez que los obispos se reúnen con víctimas de los abusos -lo han hecho en varias ocasiones de manera privada- pero sí ha sido el primer encuentro que se conoce después de que el pasado 22 de febrero la Conferencia Episcopal encargara al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo la auditoría independiente.

Esta auditoría independiente tendrá una duración inicial de un año y estudiará los casos ocurridos en el pasado sin límite temporal, para lo que se ha habilitado el correo electrónico denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com, al que cualquier víctima puede acudir para denunciar su caso.

Hasta la fecha, la CEE ha reconocido un total de 506 denuncias de abusos sexuales a menores que han llegado a las oficinas diocesanas en los dos últimos años.

Algunos de los casos son ya conocidos y tuvieron su recorrido en el ámbito civil y canónico, otros se han denunciado recientemente en esas oficinas o en medios de comunicación y 103 corresponden a víctimas ya fallecidas. Además, varios de ellos han ocurrido hace más de 30 años.

Ángel Gabilondo tiene sobre su mesa la tarea de crear una comisión de expertos, en la que también estaría representada la Iglesia católica, para elaborar un informe con recomendaciones y conclusiones que se presentará a las Cortes Generales y al Gobierno con el fin de que adopten las medidas que consideren necesarias en todos los ámbitos. Para el Defensor, el objetivo es trabajar "con la debida transparencia y con la discreción que requiere, a su vez, el respeto a las víctimas".

La constitución de la comisión podría estar lista antes de la Semana Santa y Gabilondo confía en que antes de que acabe del año pueda acudir a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo del Congreso para informar de los avances.