Londres, París, Milán y Roma defienden el veto de Barcelona a los coches contaminantes
En un manifiesto conjunto, las 4 capitales europeas dicen que la decisión TSJC de anular la Zona de Bajas Emisiones va en contra del sentido común internacional y que los jueces no pueden obligar a los gobiernos a retroceder en la lucha contra la contaminación
Barcelona
Los ayuntamientos de Londres, París, Milán y Roma han firmado un manifiesto en defensa de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona. El escrito es también un posicionamiento en contra de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que anulan el veto a los coches más contaminantes que se está aplicando en Barcelona. Las 4 capitales europeas defienden que esta medida salva vidas y que debe priorizarse el derecho a la salud.
Los ayuntamientos de estas 4 ciudades hacen frente común con Barcelona para defender la Zona de Bajas Emisiones. Dicen que la resolución de los jueces "va en contra de las directivas de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud, del consenso científico y, sobre todo, del sentido común internacional". En este escrito, defienden que, en medio de una emergencia climática y sanitaria, los jueces no pueden obligar a los gobiernos a retroceder en la lucha contra la contaminación porque evitar muertes es una obligación y no una opción.
La teniente de alcalde de Ecología y Movilidad de Barcelona, Janet Sanz, dice que esta carta expresa el apoyo mutuo de las ciudades europeas para seguir abriendo camino y poner el derecho a la salud por encima de todo. Sanz añade que van a seguir defendiendo la Zona de Bajas Emisiones y que lo hacen de la mano de las capitales internacionales.
El Ayuntamiento de Barcelona, el resto de consistorios implicados en la ZBE entre Rondas, la Generalitat y el Área Metropolitana recurrirán la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Los jueces dicen que no cuestionan que se deba intervenir para reducir la contaminación, pero consideran que la Zona de Bajas Emisiones, tal y como está planteada en la ordenanza de Barcelona, es desproporcionada. Y han decidido anularla.