Los detalles del plan de choque para paliar las consecuencias de la guerra: de la bonificación al combustible al límite de alquiler
El Consejo de Ministros aprueba una serie de medidas económicas que entran en vigor el 1 de abril y que incluye la contención del precio de la energía, protección de trabajadores y familias
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dan una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. / Chema Moya (EFE)
Madrid
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la batería de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Entre esas medidas se incluye un límite del 2% a la subida de los alquileres, un aumento del 15% en la cuantía del ingreso mínimo vital (IMV) y la extensión del bono eléctrico social a otras 600.000 familias. La medida más destacada es la bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible para toda la población, después de conceder esta ayuda a los transportistas hace una semana.
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El importe que destinará el Gobierno para paliar la subida del carburante será de 6.000 millones que corresponderán a ayudas directas y rebajas de impuestos, así como otros 10.000 millones que se desplegarán en forma de avales ICO. Se trata de un plan de choque que durará hasta el 30 de junio y se desarrollará a través de cinco líneas fundamentales: apoyo a las familias, trabajadores y desplazados, al tejido empresarial y económico, al sector del transporte, medidas en materia de seguridad y medidas para rebajar el precio de la luz.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha explicado el plan nacional al impacto de la guerra, que trata de lograr ocho objetivos articulados en un conjunto de medidas articuladas en cinco pilares. Entre los objetivos están bajar el precio del gas, electricidad, y carburantes, apoyar a los sectores y empresas más afectadas, conseguir la estabilidad de precios para evitar la espiral inflacionista, garantizar los suministros, la estabilidad financiera, acelerar el plan de recuperación y transición energética, impulsar la eficiencia energética y reforzar la ciberseguridad.
Bonificación al combustible
Las medidas están dirigidas a "preservar la senda de crecimiento y empleo", en palabras de Calviño, y proteger a las familias, trabajadores y refugiados. Así, se ha aprobado la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, de los cuales 15 céntimos los aportará el Estado y los cinco restantes las petroleras. Además, se reduce a un mes el plazo de devolución de impuestos sobre hidrocarburos y se bonifica con un 80% la tasa del busque.
El Consejo de Ministros ha aprobado una serie de ayudas directas que incluyen 362 millones de euros para los sectores de la agricultura y ganadería, 125 millones para la ganadería intensiva, 68 millones para pesca, más de 500 millones de euros a los consumidores de electricidad y 500 millones al sector de transportistas.
La medida entrará en vigor a partir del 1 de abril y se aplicará directamente en el momento del pago donde aparecerá recogido el descuento que se corresponde con los litros y se habilitará un mecanismo de liquidez a las estaciones de servicio en función del volumen de ventas que consten declarados para poder facilitar la liquidez.
Reducir beneficios a las eléctricas
Asimismo, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que se liberarán 1.800 millones de euros para rebajar la parte fija de la factura de la electricidad y desde el 1 de enero de 2023 permitirán a las plantas de generación de electricidad renovable vender a precios menores al mercado mayorista.
Por tanto, se reducirán los beneficios extraordinarios por el incremento del precio del gas por encima de umbrales de 67 y 70 euros. También se destinará un importe de 250 millones de euros para reducir en un 80% los peajes en la industria electrointensiva y compensar los costes del CO2, así como ayudas específicas a los sectores más afectados.
Así, Ribera ha insistido en acelerar los procesos de transición energética, apostando por las renovables.
Ampliación IMV y límite al alquiler
Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado las medidas de protección social especiales a mujeres y niños. Así, ha anunciado la revalorización del ingreso mínimo vital (IMV) en un 15% y la ampliación del bono social hasta 600.000 familias.
En cuanto al alquiler, se limita la revalorización a las rentas de arrendamiento al índice de garantías de competitividad tasado en el 2%. Por tanto, "se aplicará a los grandes tenedores al 2% y los propietarios físicos de viviendas tendrán que renegociar su renta con carácter subordinador y fijar la renta en ese límite del 2%".
También ha mencionado las ayudas a familias monomarentales y a las víctimas de trata para paliar su situación. Y en cuanto a la guerra de Ucrania, se implementará un mecanismo junto a las CCAA para el acogimiento privado por familias para poder dar cobertura a los refugiados de la guerra.
Prohibido despedir a empresas acogidas a ERTE
Otra de las medidas que ha anunciado Díaz es la partida de 2.700 millones de euros a la empleabilidad de jóvenes y mujeres para la protección del mercado de trabajo. "Vamos a salir juntas de esta crisis y mensaje de positividad para proteger a las familias y trabajadores y al tejido productivo de nuestro país", ha dicho.
Además, ha insistido en la prohibición de las empresas para despedir si están acogidas a mecanismos de ERTE. "Cuando hay mecanismos de protección social no hay que despedir, el mensaje es claro", ha subrayado, y ha avisado: "Será injustificado el despido cuando se produzca por causa de incremento de precios de energía. No pueden despedir los empleadores que acudan a mecanismos de ERTE".
