Los nuevos edificios de viviendas deberán tener espacios seguros y resguardados para guardar bicicletas
El nuevo proyecto de Ley de Movilidad Sostenible obligará también a las estaciones y edificios destinados a servicios públicos a tener aparcamientos para guardarlas
Bilbao
El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible busca reducir la huella de carbono de Euskadi mediante el impulso a la "movilidad activa" con más desplazamientos a pie y en bicicleta y menos en vehículo privado, el fomento del tren y la posibilidad de desplegar incentivos o recargas fiscales.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy este texto, que incluye medidas tanto para la movilidad de personas como de mercancías, y busca "mejorar el medio ambiente y la seguridad y salud de la ciudadanía, reduciendo la contaminación atmosférica y acústica, el consumo de energía y los efectos derivados del cambio climático". Así se ha expresado en rueda de prensa el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, quien ha precisado que para impulsar los desplazamientos a pie o en bicicleta se recurrirá a la planificación urbanística.
Será obligatorio que las estaciones y los edificios destinados a servicios públicos tengan aparcamientos para bicicletas y que los nuevos edificios de viviendas tengan también "espacios seguros y resguardados" para guardarlas. De esta manera, los criterios de movilidad peatonal y ciclista y de seguridad vial se tendrán en cuenta a la hora de diseñar calles, plazas y avenidas. En estos espacios se "reforzará la pacificación del tráfico y se dará atención preferente al uso peatonal". En cuanto al transporte público, se impulsará una verdadera red intermodal, se apostará por vehículos de combustibles alternativos cuando se renueven las flotas y se fomentarán los aparcamientos disuasorios en la periferia urbana que estén conectados con medios de transporte público.
El proyecto de ley, que ahora será remitido al Parlamento Vasco, aboga por "un sistema tarifario único e integrado" en toda Euskadi y da un plazo de dos años desde su aprobación para alcanzar "la interoperabilidad de todos los títulos de transporte". La norma contempla asimismo la posibilidad de que diputaciones y ayuntamientos "utilicen la fiscalidad y otros instrumentos de política económica para contribuir a los objetivos" de la ley. Así, se apunta la posibilidad de crear tasas, gravámenes e "instrumentos fiscales que desincentiven" actuaciones contrarias a la ley. De la misma manera se proponen reducciones, bonificaciones o exenciones para formas de transporte que no dañen el medio ambiente.
Por otro lado, la futura norma obligará al Gobierno Vasco, a las diputaciones y a los municipios de más de 5.000 habitantes a diseñar sus propios planes de movilidad e incluye planes de movilidad en los centros de trabajo. Según ha precisado el consejero el 35 % de las 18,6 millones de toneladas de CO2 que se emitieron en Euskadi en 2019 correspondieron transporte, por lo que es necesario impulsar una movilidad sostenible que permita "reducir la huella de carbono derivada del transporte".
