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Medidas para frenar el impacto de la guerra en Ucrania

Pedro Sánchez ha anunciado este lunes un plan de choque contra las consecuencias económicas de la guerra, que incluye rebajas en los precios del combustible y ayudas directas a distintos sectores productivos por un importe total de 6.000 millones al que se 10.000 millones en créditos ICO. Lo analizamos con José Moisés Martín.

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Madrid

16.000 millones de euros. Ese es el importe total del paquete de medidas que este lunes ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacer frente al impacto económico que nuestro país está sufriendo a causa de la guerra en Ucrania. Se trata de un importe del que 6.000 millones, ha explicado Sánchez, corresponderán a ayudas directas y rebajas de impuestos, mientras que otros 10.000 millones se desplegarán en forma de créditos ICO. Un plan de choque que durará hasta el próximo 30 de junio y que se desarrollará a través de cinco líneas fundamentales: apoyo a las familias, trabajadores y desplazados, al tejido empresarial y económico, al sector del transporte, medidas en materia de seguridad y medidas para rebajar el precio de la luz.

Así, más allá de las medidas acordadas entre el Ejecutivo y los transportistas la semana pasada, que incluyen más de 1.000 millones de euros (rebaja de 20 céntimos) y un fondo de 400 millones de ayudas directas en función del tipo de vehículo. La cuantía es de 1.250 por camión, 900 por autobús, 500 por vehículo ligero y 300 por VTCs, ambulancias, esta rebaja en el precio del combustible también llegará a todos los ciudadanos y, además, se facilitarán medidas para evitar despidos (ERTES), un incremento del 15% en el Ingreso Mínimo Vital y ampliación del bono social. “Nos parece absolutamente insuficiente el paquete de medidas. De hecho, en el caso de los carburantes, hemos visto cómo en solo seis días las petroleras han seguido inflando sus márgenes, el diésel es hoy, con su récord histórico, ocho céntimos más caro que el día 22 de marzo y ahora nos anuncian que las petroleras van a sufrir un recorte de cinco céntimos en sus márgenes. Vemos que la ampliación del bono social es raquítica: muy pocas familias más tendrán bono social, solo 600.000, vamos a seguir sin alcanzar si quiera los dos millones de beneficiarios” apunta Rubén Sánchez, secretario general de Facua, en Hora 25 de los Negocios. En el polo opuesto, desde el sector inmobiliario consideran que la limitación del incremento del precio de los alquileres del 2%, anunciada también por Sánchez, supone que “el Gobierno vuelve a poner sobre los hombros de los propietarios el peso de una crisis, en este caso, la asunción de la inflación”. “No debemos olvidar que la mayoría de los propietarios de este país, los que alquilan una vivienda, son particulares, a los que el incremento de la inflación también está afectando de pleno y con esta medida sufrirán un doble golpe en sus ingresos” subraya Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

En materia energética, apoyándose en la nueva definición de una “excepción ibérica”, según ha adelantado Sánchez, el Ejecutivo tomará medidas excepcionales y limitadas en el tiempo como isla energética, entre las que se incluye una propuesta a la Comisión Europea de la fijación de un precio del gas, así como una actualización del régimen retributivo de las energías renovables, lo que supone un ahorro de 1.800 millones de euros y se prolonga el mecanismo de retribución de los beneficios caídos del cielo para adaptarlo a la nueva medida europea.

En cuanto a las medidas para el apoyo al tejido empresarial y económico, se establecerá una nueva línea de créditos ICO por valor de 10.000 millones y se destinarán ayudas directas por valor de 362 millones de euros para el sector de la agricultura y la ganadería, de 68 millones para la pesca y se bonificarán en un 80% los peajes eléctricos para la industria electro-intensiva. “Creo que todo el paquete se está dirigiendo a un horizonte muy corto, creo que es un plan de choque para evitar que las cosas vayan rápidamente a peor. En ese sentido, muchas de las medidas están previstas para los próximos tres meses, porque son medidas además relativamente costosas que va a ser difícil que mantengamos si la situación se alarga. Había que elegir entre ser muy preciso o dar una ayuda más generalista que va a llegar de manera más inmediata” explica José Moisés Martín, miembro de Economistas frente a la Crisis, en Hora 25 de los Negocios. "Se han tomado estas medidas, además, sabiendo que se corren dos riesgos: en primer lugar, que se terminen los fondos y la situación no haya mejorado en materia de precios en los mercados internacionales, cosa que es bastante probable, y en segundo lugar, es que esa baja de precios –como en el caso del combustible – sea absorbida por el mercado" explica Martín.

Un conjunto de medidas que se complementan con la iniciativa en materia de ciberseguridad, que pasa por establecer un plan de ciberseguridad a escala nacional con más de 1.000 millones de euros con 150 medidas a escala nacional, la creación de un centro de ciberseguridad de la Administración General del Estado y el fortalecimiento de las redes 5-G en áreas clave como el transporte, la medicina y la energía.

 
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