Pasan a jurado las diligencias contra 20 investigados del "caso Barraca" y las archivan para otros siete

Murcia

El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Murcia acuerda la incoación de un procedimiento con tribunal jurado contra 20 investigados por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, uso de información privilegiada y otros delitos conexos a estos en el conocido como 'caso Barraca'.

Según el TSJ, con este auto, el magistrado cierra las diligencias previas, abiertas tras la denuncia de posibles irregularidades del que fuera arquitecto municipal del Ayuntamiento de Murcia al informar sobre proyectos, que le podrían estar vedados por el régimen de incompatibilidad como jefe de servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, y abre la fase de instrucción por los trámites propios del procedimiento jurado.

Según el magistrado instructor, las actuaciones pivotan en torno a dos investigados principales, Joaquín Peñalver, jefe de Planeamiento del Ayuntamiento de Murcia desde el año 1999 a marzo de 2.006; y su mujer, casada en régimen de participación, señalada por el ministerio público como la persona interpuesta por el arquitecto municipal en las mercantiles Urbasa Mediterránea SA y Peñalver Arquitectos y Asociados SL.

El Ministerio Fiscal, realizadas las diligencias instructoras imprescindibles para el esclarecimiento de los hechos, interesó en julio la reconversión de las diligencias previas a los trámites de procedimiento de jurado, por ser los delitos objeto de su competencia.

Tras su análisis, el magistrado considera que, "a salvo la presunción de inocencia de las personas afectadas, los hechos revisten por ahora, y sin perjuicio de ulterior calificación", los caracteres de delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, uso de información privilegiada, cuya competencia corresponde al Tribunal del Jurado.

En una segunda resolución, el magistrado acuerda el archivo de las actuaciones respecto de siete empresarios que habrían tenido relación con los principales investigados o las empresas citadas y sobre las que, con las diligencias practicadas, no han quedado acreditados los indicios delictivos que se denunciaban.

Tras la conversión del procedimiento, los investigados serán citados a una comparecencia, dándoles traslado de la denuncia o querella admitida a trámite, y, oídas todas las partes, el magistrado decidirá sobre la posible continuación del procedimiento y, en su caso, sobre posible práctica de diligencias de investigación, o sobre el sobreseimiento si hubiera causa para ello.

La resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de reforma.

Por otro lado, y en relación con esta causa, la Comisión Permanente del CGPJ aprobó, en su última reunión, la propuesta de refuerzo del Juzgado de Instrucción 4 de Murcia elevada por el Tribunal Superior de Justicia a la Unidad de Apoyo a Causas Complejas y de Corrupción .

Tras el cambio de titular del órgano, el nuevo instructor solicitó apoyo para poder revisar la ingente documentación de este procedimiento (cuyo expediente electrónico supera los 1.800 acontecimientos, en papel 32 tomos con cerca de 13.000 folios).

El magistrado aludía a que la complejidad de la investigación en la que se denuncia una trama delictiva en la que se entremezclan sociedades opacas, testaferros o personas interpuestas, pagos ocultos a través de empresa sin actividad mercantil, se agrava con la abundantísima documentación fiscal, notarial, bancaria, normativa urbanística o los informes policiales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Como ejemplo de la magnitud del procedimiento, la solicitud alude al último informe de la Fiscalía en el que se resumen y valoran las diligencias instructoras desplegadas los últimos años y que cuenta con más de cuatrocientos folios.

El magistrado recuerda además que, con la conversión de las diligencias previas en jurado solicitada por la Fiscalía, sería necesario abrir una nueva fase instructora de acuerdo con la normativa de la Ley Orgánica del Tribunal Jurado (con intervención de investigados y de sus defensas, acusaciones personadas, solicitud de práctica de diligencias, resolución de peticiones de sobreseimiento y cumplimiento de plazos para convocatoria de partes a comparecencia o audiencia preliminar).

Atendida la solicitud, el CGPJ ha acordado prorrogar la comisión de servicio con relevación de funciones a favor de la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Cieza, para reforzar el juzgado de Instrucción 4 de Murcia por el período de un mes.