El Gobierno prepara a la vez dos leyes contra la trata

El Ministerio de Justicia ha encargado a su grupo de expertos que elabore con la máxima prioridad un proyecto de ley integral contra la trata de seres humanos cuando el departamento de Igualdad que dirige Irene Montero ya tiene preparado su anteproyecto desde el mes de enero. Ambas iniciativas buscan erradicar fundamentalmente la explotación sexual de las mujeres, aunque los socios de gobierno están enfrentados sobre cómo combatir la prostitución. El PSOE se ha comprometido a abolirla, mientras que en Unidas Podemos hay sectores que defienden su regulación como un trabajo más y rechazan medidas como la de multar a los puteros. El Gobierno niega que estemos ante un nuevo choque interno, pero lo cierto es que ni Justicia ni Igualdad son capaces de explicar por qué se están haciendo a la vez dos leyes contra la trata. La ministra de Justicia, Pilar Llop, aprobó este martes una orden ministerial para encargar a la Comisión General de Codificación la elaboración lo antes posible de una norma que luche de forma integral contra toda clase de tráfico de seres humanos. Según ha sabido la SER, la ministra Llop le ha dicho a este grupo de expertos juristas que asesoran al ministerio que este proyecto es una de sus prioridades básicas para lo que queda de legislatura. Fuentes del departamento de Justicia han señalado que desconocen si su iniciativa paralizará la otra ley de Igualdad. Mientras, en el ministerio de Irene Montero no entran a valorar la decisión de Llop, niegan que la causa sean las discrepancias sobre la prostitución e insisten en que ellas tienen preparado su borrador desde hace tres meses. Además, recuerdan que en el Plan Normativo del Gobierno para 2022, la ley de trata es una de las normas atribuidas al ministerio de Igualdad como proponente y promotor. De hecho, inició los trabajos en marzo del año pasado y en abril abrió la consulta pública. El tema de la prostitución ha enfrentado en varias ocasiones a los socios de gobierno en los últimos meses. El PSOE aprobó en su último Congreso elaborar una ley para abolirla y fue el propio presidente, Pedro Sánchez, el que se comprometió a hacerla antes de las próximas elecciones, aunque el problema que tenían los socialistas es que no dirigen el Ministerio de Igualdad que era el que, hasta ahora estaba haciendo la ley. En el espacio de Unidas Podemos y sus confluencias, no se comparte la posición abolicionista del PSOE y hay sectores y dirigentes tan importantes como Ada Colau que defienden la regulación de la prostitución para que las personas que la ejercen puedan tener derechos laborales. A falta de resolver este debate interno, lo cierto es que a día de hoy, el gobierno de coalición está preparando a la vez dos leyes destinadas a combatir un problema en el que España se sitúa como uno de los países de mayor tránsito y destino de las víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Las expertas insisten en que ahora mismo no se puede disociar trata de prostitución.