La ayuda al transporte marítimo y el "veto" a los despidos, claves para Canarias del plan contra los efectos de la guerra

Santa Cruz de Tenerife

El Boletín Oficial del Estado publica este martes el Real Decreto de medidas urgentes para hacer frente a las consecuencias de la guerra. Se trata de un marco temporal, aprobado hasta el 30 de junio, y que trata de paliar los efectos de la tendencia inflacionista que asfixia a familias y empresas. Para ello, se ha dado luz verde al reparto de 16.000 millones de euros, 6.000 de ellos en concepto de ayudas directas.

La iniciativa estrella, que dio a conocer hace unos días el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados es el descuento de 20 céntimos por cada litro de carburantes para toda la población. El ejecutivo se hará cargo de abonar 15 céntimos y las grandes petroleras de un mínimo de 5 céntimos. Esto tendrá un impacto en las islas de 67 millones de euros según los cálculos de los técnicos de Hacienda.

Sin embargo, el texto incluye otras medidas que resultan clave para el Archipiélago. Se trata de la bonificación del 80 por ciento a la tasa de buque y la tasa de mercancía en los puertos extrapeninsulares, es decir, en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Según recoge el decreto, el objetivo es "garantizar la seguridad en la cadena de suministro a la población y al tejido económico general" debido a la lejanía de los territorios y el encarecimiento de los costes que ha sufrido el transporte marítimo en los últimos meses y que han denunciado sectores como el industrial, de la construcción o el de la alimentación.

Al respecto, el secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (ASODISCAN) ha asegurado que el ejecutivo ha sido "ágil" en su intento de "contener" el incremento de estos precios y ha calificado de "fundamental" la bonificación. "Solo faltaba, después de todos los problemas que nos está causando la dependencia con la Península", ha incidido Alfredo Medina.

En este sentido, el responsable ha detallado que la huelga de transportistas provocó la semana pasada un colapso en los puertos y las plataformas que complicó el suministro de mercancías: "Lo pasamos realmente mal, había dificultad para mantener un tono, sobre todo de productos frescos y perecederos". Sin embargo, ha insistido en que si bien hace unos días "se nos embarcaba entre el 0 y el 15 por ciento de lo habitual", la relajación de las protestas ha hecho que "ya ayer estábamos en tasas del 70 por ciento de lo habitual" ya que "los mercas en la Península han recobrado un porcentaje de funcionamiento bastante amplio".

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No se trata de la única iniciativa con especial incidencia en el Archipiélago. También lo hará el denominado "veto" a los despidos. Se trata de un apartado del plan de choque que establece que las empresas que reciban ayudas públicas "no podrán justificar despidos objetivos basados en el aumento de los costes energéticos". Además, el documento recoge la misma prohibición para las empresas que acudan a la reducción de jornada o suspensión de contratos como consecuencia de la invasión de Putin a Ucrania.

Para el viceconsejero de Empleo del Gobierno regional, Gustavo Santana, "no es una medida descabellada" puesto que las empresas pueden acudir a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción habilitados con la nueva reforma laboral. "Si además se van a recibir ayudas adicionales a sabiendas de que la situación es compleja, siempre se debería recurrir a un ERTE", ha señalado el dirigente. En esta línea, ha recordado el buen funcionamiento de los ERTE durante la pandemia en el Archipiélago, que ha sido la comunidad autónoma con más trabajadores acogidos al mecanismo.