Alertan de un próximo ''aluvión'' de quiebras empresariales acelerado por la nueva Ley Concursal
Jueces de Lo Mercantil reunidos en Burgos temen el colapso de los juzgados a partir del verano cuando entre en vigor la nueva norma y expiren las moratorias
Los concursos de acreedores afectarán sobre todo a autónomos y pequeñas empresas / Andriy Onufriyenko
Burgos
Los jueces de Lo Mercantil alertan de un ''aluvión'' de quiebras empresariales que colapsará los juzgados a partir de verano, con la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal española a resultas de la trasposición de una directiva europea.
La subida de los suministros, la devolución de los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la finalización en junio de la moratoria actual, disparará los concursos de acreedores, especialmente entre los autónomos y pequeñas empresas.
Lo ha puesto voz el magistrado del juzgado de lo Mercantil Número 3 de Bilbao, José Mª Tapia López, que avisa de que este aumento de la insolvencia de las empresas es uno de los síntomas de una crisis económica profunda que se avecina.
José Mª Tapia, que ejerció en Burgos 18 años, coordina el Congreso de Reestructuración e Insolvencia que reúne en Burgos a 25 magistrados de juzgados de lo Mercantil, audiencias provinciales y del Tribunal Supremo, con un total de 150 asistentes, para analizar los efectos de la nueva Ley Concursal, que temen que colapsen los juzgados en los próximos meses.
Los concursos de acreedores han subido un 5,3% en Castilla y León en el último año, especialmente en el comercio, la hostelería y la construcción. Las micropymes afectadas por la nueva norma representan el 96% del tejido empresarial de la región.
La empresa de subastas Trademat, especializada en liquidaciones concursales, que patrocina el encuentro, advierte de que el detonante de la escalada de quiebras puede coincidir con el momento en que los bancos ''cierren el grifo'' del crédito ante el incremento de los impagos.
La nueva Ley Concursal prescinde de la figura del administrador concursal como obligatoria y tampoco exige el asesoramiento profesional jurídico, con lo que los jueces quedarán solos con el deudor, también desamparado en la gestión del procedimiento, a través de modelos normalizados que, a día de hoy no existen todavía, critican los jueces de lo Mercantil.
