Sociedad

Investigados por delito contra el medio ambiente

Cuatro personas son investigadas por los hechos acontecidos en Hornillos de Eresma

Uno de los puntos del vertido al arroyo Sangujero en Hornillos de Eresma / Cadena SER

Hornillos de Eresma

El SEPRONA de la Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de L.S.G., N.S.A., F.V.G., y J.C.L.A, con edades comprendidas entre 40 y 60 años, como autores de un delito contra los Recursos Naturales y Medio Ambiente por vertidos peligrosos a un cauce en Olmedo.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de un posible vertido al cauce del Arroyo denominado “Sangujero”, a su paso por la localidad de Hornillos de Eresma, desconociéndose la procedencia del mismo, causando una gran alarma social en el municipio y siendo denunciado por la Alcaldesa de la localidad. Con tal motivo, se verificaron los hechos, localizando la procedencia del vertido, donde se tomaron muestras de aguas y lodos con el objeto de poder determinar el daño y/o perjuicio que este pudiera generar. Durante el último año, se inspeccionaron 11 Km. del cauce del arroyo y se mantuvieron entrevistas con los responsables de actividades cercanas al cauce, entre las cuales destacaba una por la cantidad y tipo de vertido, y trabajadores de las diferentes EDAR.

Una vez finalizadas estas gestiones, se realizaron cinco tomas de muestras fisicoquímicas y biológicas, tanto en el cauce, como en la propia depuradora de la fábrica resultando de las mismas que esta empresa aportó de forma reiterada vertidos con alta carga contaminante por materia orgánica a lo largo del tiempo, con características de aguas residuales sin depurar, poniendo en riesgo la salud de las personas y el equilibrio de los ecosistemas que estén directamente expuestos a este curso fluvial.

Coral López, alcaldesa de Hornillos asegura que ha sido más eficaz la denuncia pública y que no es la primera vez que se denunciaban los hechos.

Finalizadas las investigaciones, durante el mes de marzo de 2.022 se procede a la investigación de cuatro personas responsables de la actividad de la empresa, como supuestos autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, el cual se encuentra penado con prisión de 6 meses a dos años, y multa de 10 a14 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años. Paralelamente se tramitaron las correspondientes denuncias administrativas que pueden conllevar sanciones de 10.000 a 500.000 euros en función de la gravedad.