Víctimas de pederastia en la Iglesia catalana se niegan a participar en la investigación del Defensor del Pueblo

Barcelona

Un grupo de víctimas y activistas contra los abusos sexuales en la iglesia han decidido plantarse ante la propuesta del Gobierno español: no participarán en la investigación que debe inicial el Defensor del Pueblo. Tampoco colaborarán con la investigación encargada por la Conferencia Episcopal al despacho de abogados Cremades. Según estas víctimas, que destaparon los principales escándalos sexuales en Cataluña, estas investigaciones són inútiles y carecen de credibilidad ya que no tienen el poder legal de obligar a la Iglésia a entregar los archivos de las diócesis. Por ello, exigen una Comisión de la Verdad parlamentaria, como las que se han hecho en Australia, Irlanda o Reino Unido. "El objetivo no es solamente investigar los abusos para que el iceberg de la pederastia clerical aflore y sepamos cifras. Nosotros queremos ir un paso más allá: queremos investigar el encubriemiento. No solo queremos saber cuantas podridas hay, queremos saber si el barril entero ha estado podrido", ha reclamado Miguel Hurtado, víctima de abusos en la Abadía de Montserrat.

La fotografia no tiene precedentes: cinco activistas y supervivientes a abusos en la infancia, la mayoría, por parte de eclesiásticos, unidos ahora en una misma plataforma, Tolerancia 0, para exigir una investigación de la verdad. Son el escritor Alejandro Palomas, víctima de abusos y de agresión sexual por parte del religioso Jesús Linares en un colegio de Lasalle; Manuel Barbero, el padre que destapó el Caso Maristas; Miguel Hurtado, la víctima con la que arrancó el escándalo de abusos sexuales en la Abadia de Montserrat; Esther Pujol, víctima de abusos durante unas colonias de verano por parte de un sacerdote de su pueblo, en Bellcaire (Empordà), y Vicki Bernadet, víctima de abusos en la infancia y presidenta de una fundación que atiende a las víctimas de pederastia.

Esta nueva plataforma ha presentado un informe, que aseguran que ya trasladaron en su día a varios grupos en el Congreso, en el que detallan cómo debería la investigación. "El cardenal Omella puede decir misa, puede decir que van a cooperar, pero si el obispo de valencia, de toledo o de granada creen que esto es una caza de brujas y dicen que no van a abrir sus archivos, el defensor del pueblo y el despacho Cremades, no pueden hacer nada para oblidarles", asegura Hurtado. Cuentan con la frustración del precedente del Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, que en 2019 intentó sin éxito una investigación sobre pederastia. "Intentaron llegar hasta el fondo pero chocaron contra un muro: la jerarquía católica catalana se negó a cooperar. El propio Síndic de greuges ha dicho que la investigación tiene que retomarla alguien que tenga poderes coercitivos para obligar a esta gente a cooperar", recuerda Hurtado.

Para ello, no confían tampoco en Ángel Gabilondo, el actual Defensor del Pueblo. "Gabilondo tiene un conflicto de intereses, porque fue profesor en los años 70 en dos colegios religiosos mientras se producían abusos. Los exalumnos dicen que esos abusos eran un secreto a voces, pero él no vio nada", manifiestan los miembros de esta plataforma, que rechazan la propuesta del Gobierno. "No es suficiente una hoja de ruta que no tiene hoja y no tiene ruta", ha lamentado Palomas, que ha reconocido que salió contento de su encuentro con el presidente Pedro Sánchez, poco después de hacer públicos los abusos que sufrió. "Era como un niño pequeño que va a ir a ver al rey, que va a palacio", ha explicado. "Es como cuando vas a una tienda y te atiende una dependienta que es encantadora, pero lo que te da no te gusta. Esto es lo mismo. No me gusta".

La plataforma rechaza también la investigación propuesta por la iglesia. "No puede ser juez y parte", ha criticado Esther Pujol; "si la Iglesia forma parte de esta investigación no podemos esperar que llegue a buen puerto". Más contundente ha sido Barbero: "Lo que ellos ofrecen no es una comisión de la verdad, ni de acogida, ni de reparación; lo que va a hacer el bufete Cremades es un control de riesgos, una reparación de qué ha pasado en su casa y a qué se van a enfrentar", ha aseverado. La protesta de la plataforma parte de audiencia públicas y privadas y de una investigación exhaustiva de los archivos de las diócesis. Todo acompañado de una red de apoyo a las víctimas. "No se puede pedir a esas personas que cuenten su trauma, como les han violado de niños, y al día siguiente darles una palmadita y mandarlos a su casa. En paralelo, se tiene que crear y reforzar una red de asistencia terapéutica y laboral para los supervivientes", añadía Hurtado, inspirándose en el ejemplo de Irlanda.

Los activistas esperan poder llevar a cabo esta Comisión de la Verdad en el Parlament de Catalunya, como prueba piloto de una experiencia exportable después a otras comunidades o al resto de España. En el Parlament, esperan contar con el visto bueno de los grupos, aquí con mayoría absoluta, que apoyaron su propuesta en el Congreso (Junts, Esquerra, CUP y Comuns). De momento, Junts ya se ha dejado caer de la propuesta de una comisión de investigación sobre pederastia, solo en la Iglesia, para ampliarla también al entorno familiar, educativo o deportivo; algo que para los activistas es un error: "Quien mucho abarca, poco aprieta", ha razonado Pujol.