El exconsejero Viera dice que las ayudas de los ERE se daban "a demanda"

Sevilla

Las ayudas de los ERE se daban "a demanda". No había bases ni requisitos publicados. Es casi lo primero que ha dicho el exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción en este juicio de los ERE sobre los casi 8,5 millones de euros que Empleo le concedió a diferentes empresas del corcho vinculadas a Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta, y al actual alcalde de Cazalla, Sotero Martín. Antonio Fernández, el consejero de Empleo que se sustituyó en el cargo, a la misma pregunta, ha respondido que "no se publicaban bases" (porque no existían) y que los requisitos estaban "en las memorias de los presupuestos" de la Junta cada año. "No eran requisitos", ha añadido, eran "circunstancias económicas que afectaran a un número importante de trabajadores o que sirvieran para mantener un sector industrial".

Los presentes en la Sala podían pensar por unos minutos que estábamos asistiendo al primer juicio de la macro causa de los ERE, la del procedimiento específico, la que ha condenado a los políticos y está pendiente de revisión por el Supremo. En este juicio los dos ex altos cargos han declarado como testigos con "estatus particular", acompañados de su abogado por si alguna pregunta pudiera perjudicarles.

"El PSOE como política" decidió que existieran una serie de medidas para atender "situaciones" y el Gobierno andaluz recogió las medidas en los acuerdos de concertación que firmaba con los empresarios y los sindicatos. "Y era lógico pensar que los empresarios asociados a la CEA lo sabían (que existía la partida 31L para otorgar ayudas a empresas) y también los sindicatos", ha explicado Viera. Y luego ha empezado a detallar que el sector del corcho que recibió este dinero formaba parte "de una situación estratégica" porque pretendían transformar una materia prima.

El exconsejero Fernández ha reconocido que se reunió con Ángel Rodríguez de la Borbolla y con el empresario portugués, que está acusado, porque quisieron presentarle un proyecto que incorporaba una patente para mejorar el corcho. "Fueron porque los empresarios siempre quieren ayudas públicas pero no fueron a garantizarse ninguna ayuda", ha matizado. Los dos exconsejeros han manifestado que conocían a Ángel Rodríguez de la Borbolla, pero no era amigo de ninguno. Los dos se han saludado cordialmente con un apretón de manos antes de entrar en la Sala.

Anticorrupción solicita siete años de prisión para Borbolla y seis para Sotero Martín por los supuestos delitos de prevaricación y malversación. La Fiscalía piensa que crearon un entramado de empresas para recibir subvenciones, concedidas por Empleo al margen del procedimiento legal.