La fiscalía acusa de homicidio imprudente una residencia donde murieron 96 ancianos

Barcelona

Tras enfermar de Covid, María (nombre ficticio) fue confinada junto a otras ancianas en el gimnasio de la residencia Ca N’Amell de Premiá de Mar. No había calefacción, baño, ni botones de aviso y el personal del centro apenas acudía a esta sala a comprobar como estaba. El 11 de abril de 2020, avisaron a la familia que María estaba a punto de morir y que para ello iniciarían un tratamiento paliativo. Sin embargo, nunca se lo suministraron porque no quedaba medicación en la residencia y no la pidieron al centro de salud ni a los familiares. “Tampoco le prestaron los cuidados mínimos”, denuncia la fiscalía. “Cuando su hijo acudió a despedirse de su madre, la encontró llena de vómitos, con mucosidad en la garganta y asfixiándose”. Murió a los pocos minutos, cuando “dada la precariedad de la situación, le suministraron una dosis de morfina”, recoge la fiscal en una querella contra los responsables de la residencia por homicidio imprudente, trato degradante y lesiones, a quienes ya ha empezado a investigar el juzgado de Mataró.

La muerte de María es una de muchas. 96 residentes murieron en esta residencia durante los primeros meses de pandemia. 9 residentes fallecieron antes del confinamiento; 64 durante el primer mes y medio de confinamiento, en el que "ni el director ni la directora médica adoptaron medidas para evitar contagios" y "no mostraron ninguna colaboración con profesionales de la sanidad pública". El "elevadísimo índice de mortalidad" obligó a la Generalitat a intervenir el centro. Los días posteriores 23 ancianos más murieron a causa de los contagios contraídos en la residencia, que había desoído una vez tras otra las advertencias de la Administración. Las inspecciones evidenciaron hasta una decena de infracciones graves; lo que obligó a la Generalitat a informar a la fiscalía. La investigación policial a causa del "caos" durante la pandemia ha destapado un trato inhumano y “sufrimiento gratuito” a los residentes antes del coronavirus.

Durante la peor parte de la pandemia, el director de la residencia Ca N'Amell, gestionada por el grupo DomusVi, prohibió explícitamente el uso de mascarilla, "incluso bajo amenaza de sanción disciplinaria". También obligó, relata la fiscalía, "a acudir a trabajar pese a presentar síntomas de Covid 19". No se usaron guantes, equipos de protección y se mezclaba pacientes positivos con otros sin síntomas. Tampoco se utilizaron soluciones desinfectantes ni se emplearon cubos para deshechos contaminados. Llegó a haber una sola enfermera para atender a 170 ancianos. El relato de la fiscalía describe una pesadilla ya antes del Coronavirus. Decenas de residentes sufrieron desnutrición extrema, deshidratación, llagas y problemas derivados de errores en la medicación.

Desnutrición, abandono y errores de medicación: antes de la pandemia

La dirección admite varias de estas desatenciones y las atribuyen a la falta de personal. "La falta de personal comportaba que no pudiera alimentarse e hidratarse convenientemente a los usuarios dependientes que por ello padecían importantes pérdidas de peso y deshidratación". Es el caso de una anciana de 81 años que enfermó en abril de 2020. Cuando los sanitarios la visitaron, cinco días después de detectarle fiebre, la encontraron semi comatosa. Durante esos cinco días apenas la habían alimentado. Murió en su cama al día siguiente, sin que la dirección hiciera nada. Entre los casos más sangrantes de desnutrición está el de otro anciano de 85 años que perdió 20 kg en cuatro meses, el de una mujer de 89 que pasó de ser 53,2 kg a 38,1 kg, o el de otra anciana de 77 años que se adelgazó hasta los 36 kg "debido a la falta de alimentación suficiente". Entre sus heces, encontraron un trozo de plástico de 30 cm de largo.

Entre los errores fatales y sistemáticos que relata la fiscalía está también el de administrar medicamentos equivocados o caducados. "La medicación inyectable, por ejemplo insulinas o paliativa en casos de final de vida, no podía ser suministrada por la noche o en fin de semana por falta de personal, con el consiguiente sufrimiento físico y psíquico para el residente", denuncia la fiscalía. "Muchos de los usuarios que requerían tratamiento con oxigenoterapia que en ocasiones no les era suministrada y en otras, sin comprobar que la bombona estuviese llena". Una de las residentes, de 75 años, ingresó varias veces en el hospital por errores con la medicación. Según relató a la fiscalía, tenía pautado un tratamiento con morfina líquida y en parches. Como en la residencia se quedaron sin su medicación, le administraron morfina en pastillas, en una dosis muy superior a la prescrita. Ingresó en urgencias con problemas respiratorios.

Compartió estancia en la residencia con otro hombre, de 64 años, que murió maniatado en la cama, ya que tenía problemas de salud mental y solía sacarse el pañal. Le encontraron desnudo, extremadamente desnutrido y sucio. Tenía prescrito cloruro mórfico, para procurarle una muerte digna. Sin embargo, nunca llegaron a suministrarle este tratamiento porque no lo encontraron. Según el trabajador que lo encontró, muerto y atado de pies y manos a la cama, se le salió un ojo debido al dolor. Encontraron su medicación intacta en su mesilla de noche.

Sin ducha y con botones de emergencia desactivados

La higiene de los residentes también era pésima. Desde antes de la pandemia, en vez de duchar a los ancianos, les limpiaban con papel higiénico, porque era más económico. Tampoco les cambiaban la ropa o los pañales, según denuncia la fiscalía. Los timbres de aviso de emergencia estaban inutilizados para evitar que sonaran y los residentes pidieran ayuda. La inspección que hizo la Generalitat detectó decenas de infracciones graves: uso de medicación caducada, personal sin titulación, falta de material básico, faltas de respeto y dignidad, entre muchos. Por ello, la residencia fue sancionada con 20.000 euros y su gerente cesado. El centro, regentado por DomusVi, fue obligado a cerrar.

Ahora el juzgado de Mataró será el encargado de tutelar una investigación contra los profesionales que gestionaron el centro desde 2017 hasta 2020. Esta es la segunda investigación por homicidio imprudente que impulsa la fiscalía, tras el caso de Tremp. Otro juzgado de instrucción abrió hace algunas semanas una investigación por las 64 muertes de ancianos en la residencia Fiella de Tremp, en Lleida. La semana pasada el instructor empezó a tomar declaración a los primeros testimonios.