La tensión se reaviva en el conflicto de Metro en San Fernando de Henares
La Comunidad de Madrid exige al ayuntamiento que firme la demolición del edificio la calle presa 4 y rafael alberti 1 y 3 y el consistorio denuncia la actitud del Gobierno Regional por deslizar responsabilidades. En medio de la discusión política, hay 14 desalojos previstos para el lunes
GRAF6632. SAN FERNANDO HENARES (MADRID), 27/01/2022.- Bomberos y operarios retiran los enseres de los vecinos durante el desalojo de las cuatro viviendas de la calle Presa en San Fernando de Henares (Madrid) este jueves afectadas por la línea 7B de Metro de Madrid. EFE/ Fernando Villar / FERNANDO VILLAR (EFE)
San Fernando de Henares
El conflicto de la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares ha dejado nuevas tensiones entre consejería, ayuntamiento y vecinos en la última semana. Tras la vuelta de las protestas por la falta de alternativas habitacionales, la Consejería de Transportes se pronunció el domingo a través de un comunicado en el que exigía al alcalde, Javier Corpa, que "emita de forma inmediata la orden de ruina para proceder a la demolición de manera urgente del edificio"
La Comunidad de Madrid envió una dotación de bomberos al edificio de Presa 4 y Rafael Alberti el domingo, para comprobar el estado de las viviendas desalojadas, paralelamente compartió un comunicado en el que exigía el documento de la demolición al alcalde.
Javier Corpa, sin embargo se manifestó asegurando que ya había enviado el documento de Ruina Inmediata en septiembre de 2021. Corpa además explica que la Ley de Suelo permite demoler el edificio si la situación supone un peligro para los ciudadanos, aunque esto, según explica "no ha sido solicitado al Ayuntamiento en ningún momento".
La versión de la Comunidad de Madrid es que el documento enviado por Corpa en septiembre no especifica si hay que demoler o rehabilitar el edificio, y en este contexto acusan al regidor de "llevar siete meses para firmar un papel".
El tercer sujeto de esta historia, los afectados, ha vuelto a elevar la voz en medio de la discusión política, por lo que califican como "improvisación" y "opacidad" por parte de la Comunidad de Madrid, que el lunes tiene previsto desalojar a 14 familias del edificio de las calles Ventura de Argumosa 20 y Pablo de Olavide impares.
Los vecinos todavía desconocen cuál es su futuro o el lugar en el que dormirán el lunes por la noche y la empresa pública gestora de los desalojos, Tragsa, tampoco tiene información a cerca de lo que sucederá con las familias, según ha declarado el representante de los vecinos de Ventura de Argumosa 20 y Pablo de Olavide impares, Alejandro Escribano, que además rechaza haber tenido acceso al contrato de emergencia sobre el que se sustentan las garantías de los vecinos cuando se produzca el desalojo. El representante también ha cargado contra David Pérez por "no responsalizarse como debe" , "mentir a los medios de comunicación en cuanto al derribo del edificio de la calle Presa" y "funcionar con opacidad".
Alejandro Escribano critica la actitud del Gobierno Regional
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La alternativa ideal para los afectados pasaría por conseguir un contrato de alquiler en un piso similar al que tienen actualemente pagado por la Comunidad de Madrid, sin embargo, explican que las empresas inmobiliarias y los inquilinos no aceptan las condiciones de pagos que ofrece el Contrato de Emergencia de la Comunidad de Madrid.
