Adolfo Carretero, un juez conservador para el escándalo de las mascarillas de Madrid
El titular del juzgado 47 de Madrid admite la trámite la querella de Anticorrupción contra los comisionistas que cobraron 6.1 millones de dólares por facilitar material defectuoso contra el COVID por 11,9 millones y les citará a declarar como imputados después de Semana Santa. La carrera del juez está jalonada por decisiones polémicas y con lazos familiares con el Partido Popular
Madrid
La querella interpuesta por delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales contra los comisionistas Luis Medina Abascal y Alberto Luceño Cerón, presentada por la Fiscalía Anticorrupción, ha recaído en el juzgado de primera instancia e instrucción número 47 de Madrid, que dirige el juez Adolfo Carretero.
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El juez ya ha admitido a trámite la querella y anunciado que iniciará las pesquisas a partir del próximo 25 de abril, con la citación de los comisionistas como investigados y en principio, con los testigos propuestos por el Ministerio Público.
Imputó a una periodista de la SER por proteger a sus fuentes
Adolfo Carretero es un juez conservador, que mantuvo imputada a la periodista de la Cadena SER, Pilar Velasco, por no revelar sus fuentes cuando desveló el vídeo de las bolsas en Colombia del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que dio origen al caso Lezo. Carretero también amenazó a la periodista durante el tenso interrogatorio practicado.
El juez también es conocido por perseguir al humorista Dani Mateo, debido a que simuló sonarse la nariz con una bandera de España durante el programa de televisión El Intermedio. Consideró un ultraje a los símbolos del país aquella acción en clave de humor.
Hermano de un exalto cargo del PP
Adolfo Carretero tiene además lazos significativos con el Partido Popular. Su hermano Agustín Carretero ha sido director general de Política Interior, gerente de la Academia de Policía de la Comunidad de Madrid y director general de Relaciones con la Administración de Justicia, tanto con los gobiernos de Esperanza Aguirre, como con los del propio Ignacio González.
Madrid no denunció pese a constatar la estafa
El caso del desfalco del material sanitario a cuenta del Ayuntamiento de Madrid fue advertido a los investigadores por los bancos y no por el Consistorio, a pesar de las múltiples irregularidades detectadas y de que el equipo de Gobierno se sabía estafado, como demuestra que constataron que más de 2/3 de los test COVID comprados por los que pagaron 4.2 millones de dólares, eran inservibles.
Desde el equipo de Gobierno intentaron en privado y de forma infructuosa que el comisionista Alberto Luceño les devolviera el dinero o repusiera los test fraudulentos. Pero ni advirtió al resto de la corporación municipal ni denunció la estafa a la justicia. Tuvieron que ser los bancos a través del servicio de blanqueo de capitales (Sepblac) quienes denunciasen el caso en otoño de 2020. El Sepblac traspasó la causa a la Fiscalía Anticorrupción, que abrió el procedimiento en noviembre de aquel año y ha corroborado que Medina y Luceño cobraron 6.1 millones de dólares en comisiones por un material que costó al Ayuntamiento 11.9 millones.
Vacaciones de lujo, coches exclusivos y un yate
Con ese dinero, Luceño primero se fue de vacaciones, en agosto de 2020. Seis días en un hotel de Marbella a 10.000 euros la noche. Después compró tres relojes de la marca Rolex valorados en 42.450 euros en total, y vehículos de lujo como un Aston Martin DBS Superleggera; un Ferrari 812 Superfast; un Lamborghini Huracán Evo Spider; un McLaren 720S; un Porsche Panamera y varios Mercedes, valorados en total en más de 1 millón de euros. También gastó 1.107.400 euros más en una vivienda con tres plazas de garaje en Pozuelo de Alarcón
Por su parte, Medina adquirió un yate modelo Eagle 44, llamado “Feria”, como el español ducado de su padre, pero que fue registrado en Gibraltar para orillar las consecuencias fiscales, y por el que pagó 325.515 euros.
