Guerra judicial por la subvención a los carburantes

Madrid

La medida puesta en marcha por el Ejecutivo para frenar el incremento de precios de los carburantes está generando más controversia de lo que en un primer momento se podía prever. Una medida que, en principio, iba dirigida en un primer término solamente al sector del transporte, que buscaba detener la huelga de camioneros ofreciéndoles, entre otras cosas, una rebaja de 20 céntimos por litro de carburante –15 a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y 5 a cuenta de las propias petroleras-, y que después devino en una medida para toda la población, está convirtiéndose en una polémica en que ya no solo se encuentran las estaciones de servicio y el Ejecutivo –que asegura que el anticipo solicitado por estas mismas estaciones de servicio ya está siendo ingresado- si no que ha llegado también a las asociaciones de consumidores: tras el recurso judicial del Real Decreto que establece este descuento por parte de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), la principal patronal del sector, llega la denuncia que Facua ha presentado ante el ministerio de Consumo y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia contra 208 gasolineras que, explican, en la misma fecha de entrada en vigor de ese Real Decreto incrementaron los precios de sus carburantes los mismos cinco céntimos por litro que ellos mismos se habían comprometido aportar para desplegar esa rebaja en los combustibles.

“Justo el 1 de abril, cuando entraba en vigor el descuento, que tienen que poner de sus beneficios cinco céntimos, las empresas del sector suben cinco céntimos o más esa mañana. Puede haber más gasolineras que lo hayan hecho, nosotros hemos cotejado los datos justo la mañana del viernes y había que denunciar porque la norma dice expresamente que se puede incurrir en un acto desleal hacia los consumidores y el mercado si se juega sucio con los descuentos” explica en Hora 25 de los Negocios Rubén Sánchez, secretario general de Facua, que apunta que "no es generalizado en ese momento concreto, un 4% no significa la mayoría del sector, pero antes de que entrara en vigor ya se habían producido subidas, lo que ocurre es que todavía no eran ilegales, porque el Real Decreto no lo dejaba así de claro"

Los empresarios del sector, por su parte, critican la forma en que se ha diseñado y se está ejecutando este descuento y aseguran que se encuentran en una situación de “inseguridad jurídica” porque siguen sin tener información sobre cómo deben hacer las liquidaciones mensuales del combustible que vendan. “Así no se puede trabajar. Estamos sometidos a una inseguridad jurídica apabullante y nuestros asociados nos dicen que de esta manera no se puede trabajar: no nos dicen cómo tenemos que tratar fiscalmente esos descuentos, hay gente que lo está haciendo mal, y lo sabe pero es que no lo sabe hacer de otra manera y nosotros le pedimos a la Administración que nos de una guía de cómo tenemos que hacer y la Administración no nos hace ni caso. He de decir que la presión está teniendo sus frutos: esta misma tarde hemos recibido un correo electrónico del Ministerio informándonos de que habían habilitado un teléfono al que podrían dirigirse todos los empresarios de estaciones de servicio que están teniendo problemas a la hora de solucionar los anticipos” apunta Nacho Rabadán, secretario general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, en Hora 25 de los Negocios.