Limpieza étnica en Etiopía

Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) denuncian una “campaña de limpieza étnica” en Etiopía con abusos que equivalen a crímenes de guerra. En un informe conjunto, las ONG acusan tanto a las fuerzas de seguridad de la región de Amhara como a sus opositoras de la vecina región de Tigray de asesinar a miles de personas en el norte del país.

La guerra actual en Etiopía tiene su origen en noviembre del año 2020, cuando empezaron los enfrentamientos en la región norte de Tigray con las tropas federales, aunque con un trasfondo de años, al ser una región en África oriental asolada por la pobreza, graves desigualdades, intereses foráneos y rivalidades étnicas, explica Mario Grande, portavoz de Amnistía Internacional.

El hallazgo de su informe, tras 15 meses de investigación y más de 500 entrevistas, es que “los nuevos administradores de Tigray occidental y las autoridades regionales, las fuerzas de seguridad de Amhara, están cometiendo una verdadera campaña de limpieza étnica y también cometiendo crímenes de lesa humanidad” como parte de “una política deliberada”, asegura Grande. Asesinatos, violaciones en grupo, detenciones arbitrarias, saqueos, desplazamientos forzados y negación de ayuda humanitaria son parte de los abusos cometidos por las fuerzas armadas locales.

Pese a las dificultades en el acceso a la información en esas zonas, han podido constatar crímenes de lesa humanidad como la expulsión de la población civil de la zona de Tigray. Esa “política de expulsión deliberada y con métodos violentos que aterrorizan a la población civil para expulsarla de un grupo religioso étnico a otro” entra en la definición de “limpieza étnica”.

En Etiopía, “la atrocidad del conflicto supera lo imaginable”, señala el portavoz, con una catástrofe humanitaria que “está alcanzando proporciones dantescas” y que, sin embargo, apenas está teniendo eco mediático y se conoce poco acerca de las dimensiones del problema.

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Grande cuenta que “hay cientos de miles de personas desplazadas en la zona, desalojos forzosos, ejecuciones extrajudiciales, masacres que se han producido con detenciones masivas sin llegar a término”. AI tiene pruebas suficientes de los delitos cometidos sistemáticamente en contextos de guerra que “tienen que ser castigados”.

El portavoz culpa a los Gobiernos de la región por no prestar la debida atención al conflicto en el que también están implicados Eritrea, Sudán y Somalia.

La impunidad con la que se ha actuado en este conflicto y otros como el de Siria, lleva al peligro de que no se castiguen otros crímenes de guerra como los que están ocurriendo ahora en Ucrania. Por eso AI llama a que se juzguen los crímenes cometidos en Etiopía “a través de mecanismos en el marco de Naciones Unidas o de algún tipo de tribunal especial”, porque Etiopía y Eritrea no reconocen a la Corte Penal Internacional.