Expertos en Derecho Constitucional y en Criminología consideran que la Ordenanza de Convivencia Cívica de Alicante "es inconstitucional"

Alicante

La Ordenanza de Convivencia Cívica de Alicante, en vigor desde el pasado mes de marzo, no pasaría "el filtro de constitucionalidad", según han expuesto expertos en Derecho Constitucional y en Criminología.

El profesor de Criminología de la Universidad de Extremadura (UNEX) Jordi Ortiz, y el profesor del departamento de Estudios Jurídicos del Estado de la Universidad de Alicante (UA) José Ángel Camisón han conversado con Carlos Arcaya minutos antes de participar en el seminario Ordenanza Cívica de Alicante: la problemática constitucionalidad de las ordenanzas de convivencia, que se lleva a cabo en la en la Facultad de Derecho de la UA. Una sesión en la que también se ha presentado el libro del profesor Ortiz Nuevos modelos de gobernanza local en el ámbito local (Dykinson, 2021).

En Hoy por Hoy Alicante, ambos han sido claros y críticos con una normativa que, aseguran, "estigmatiza doblemente" y que "ni en lo jurídico ni en el elemento práctico va a ningún lado".

Los dos expertos creen que se trata de una normativa que desborda el poder que tiene la autoridad municipal para regular derechos fundamentales de los ciudadanos en libertades básicas como la movilidad ambulatoria. Además, consideran criminaliza a las personas por su aspecto al aludir a su "apariencia de mendicidad", por no hablar de que establece sanciones desproporcionadas y la quiebra del artículo 14 de la Constitución Española.

En base a ello, Camisón y Ortiz creen que el recurso interpuesto por Unidas Podemos contra la Ordenanza de Convivencia Cívica de Alicante ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tiene visos de prosperar.

Para corregir desigualdades, ambos profesores insisten: se necesitan otras políticas. Recuerdan que esta ordenanza sigue una tendencia que nació en Barcelona en 2005 y que ha guiado a ayuntamientos de distinto signo político, pero que han demostrado no solo que son inútiles para erradicar la cuestión, sino que la desplazan a otros puntos geográficos de la localidad en la que se aplica. Por ello, para el profesor Ortiz, esta persecución de "la apariencia de pobre no va a ningún sitio".

Ambos coinciden en que se persigue a personas que ya están marginadas que "necesitan ayuda y no persecución" y que, si lo que quiere el Ayuntamiento de Alicante, es "luchar contra las mafias", para eso están la Policía Local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que pueden actuar criminalmente.

La conclusión, dice Camisón, es que esta ordenanza simplifica a "Alicante como ciudad de castigo, una ciudad que persigue y una ciudad que elimina o desplaza desigualdades".