Alicante

Este miércoles se ha celebrado la sesión constitutiva de la comisión de investigación sobre las oposiciones a la Policía Local de Alicante. Todos los grupos han acordado que el órgano municipal estudie todos los procesos selectivos, no solo el del turno libre de 92 plazas, sino también el de consolidación y el de movilidad, después de que la Cadena SER desvelara que este último ha recibido hasta cinco denuncias judiciales.

El próximo 2 de mayo comparecerán los miembros del tribunal, es decir, el jefe de la Policía Local como presidente, José María Conesa, además de la secretaria del tribunal, y los dos miembros del IVASPE y el mando policial de Xàtiva como vocales.

Los distintos grupos presentarán, entre el 19 y el 21 de abril, sus propuestas de comparecencia además de la distinta documentación que crean necesaria. También se ha acordado que se les traslade a todos los miembros de la comisión la documentación que se le vaya a facilitar tanto al IVASPE como a la Agencia Valenciana Antifraude.

Por cierto, sobre los informes pendientes y que se han trasladado hoy a la comisión, tanto el elaborado por el jefe de la Policía Local como el de Recursos Humanos se completaron el 30 de marzo, mientras que el de la secretaria del Ayuntamiento se firmó el pasado día 6de abril.

Por ello, desde la oposición no entienden el retraso en la entrega de esta documentación. La edil socialista Llanos Cano, habla de dilación intencionada del proceso por parte del PP.

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Algo que niegan desde el equipo de gobierno. Argumentan que es el proceso habitual entregar la documentación en la sesión constitutiva, aunque no ha ocurrido así en otras comisiones no permanentes del Pleno.

Por otro lado, desde Unidas Podemos, Xavi López propone que en las comparecencias del tribunal del próximo día dos 2 mayo, el jefe de la Policía Local sea el último en declarar. Es importante, asegura, que aclare las cuestiones que puedan surgir de las declaraciones anteriores.

Y desde Compromís, Natxo Bellido, cree además que será necesaria la comparecencia del alcalde Luis Barcala, sin descartar además la del edil de Seguridad y de Recursos Humanos, José Ramón González.

Cuestionada por este asunto, la portavoz del PP y presidenta de la comisión, Mari Carmen de España, asegura que su grupo no podrá inconvenientes en facilitar las comparecencias y documentación que se soliciten. Siempre y cuando, aclara, sean peticiones que encajen con la legalidad.

Informes sobre el proceso

En cuanto a los informes facilitados este miércoles a los miembros de la comisión, el elaborado por el propio jefe de la Policía Local niega filtraciones de exámenes y que se haya producido trato de favor a algun candidato.

Y sobre la consulta de Alcaldía sobre si era posible suspender o paralizar el proceso selectivo o alguna prueba del mismo, desde la Secretaría del Ayuntamiento argumentan que solo podría hacerse en caso de pruebas claras y demostrables, y siempre y cuando el tribunal de la comisión estuviera implicado.

El informe del jefe de la Policía Local y presidente del tribunal, José María Conesa, niega que los miembros del mismo conocieran las preguntas de los exámenes. Asegura que todos los ejercicios quedaban precintados en sobres cerrados hasta que los abría la secretaria justo antes de empezar cada prueba.

Además, añade que los distintos ejercicios se corrigieron de forma anónima y asignando un número aleatorio a cada aspirante, es decir, tanto el test psicotécnico, como el examen teórico, el supuesto práctico y la prueba de valenciano. Y destaca que no se recibió ninguna queja, ni antes ni después del proceso, por posibles filtraciones de los ejercicios.

En cuanto al informe jurídico sobre la opción de paralizar o suspender la oposición del turno libre, la Secretaría del Ayuntamiento establece que la comisión de investigación y, por tanto, el Pleno "carece de facultades o competencias relacionadas con la oferta pública de empleo". Es decir, que podrá "comprobar el expediente y realizar todas las actuaciones que considere oportunas, pero "no tiene la factultad para dictar actos administrativos que afecten al procedimiento".

El secretario recuerda además que la suspensión o repetición de las pruebas podría hacerse en caso de encontrar indicios claros y demostrables de alguna irregularidad. Medida que debería realizarse si está suficientemente justificada y, siempre y cuando, no genere perjuicios a terceros de difícil o imposible reparación o afecte a derechos amparados por las leyes.

El informe continúa destacando que no se ha presentado ninguna reclamación y solo constan informaciones periodísticas, por lo que cree que una suspensión o paralización "afectaría gravemente al servicio público al que se destinan estas plazas", es decir, a la Policía Local.

En cualquier caso, añade, debería ser el propio tribunal el que adoptara estas medidas, aunque, si se demostrara que ha cometido alguna irregularidad, el Pleno o la Junta de Gobierno Local podrían ser los que la adoptaran.