El Ayuntamiento de Bobadilla pide dimisiones
Solicita el cese de la concejala denunciada por estafas y el PP anuncia el inicio del expediente
Concejales de Bobadilla reciben a las denunciantes de otra edil por estafa / Cadena SER
Bobadilla del Campo
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bobadilla del Campo, reunido en el pleno al que se negaron a asistir los dos concejales de oposición del PP, ha recibido a dos de las presuntas estafadas por la edil popular, hecho que han afectado a más de 30 personas según contaron en el Consistorio.
Tras una acusación en una red social han sido muchas las personas que se han sumado a estas denuncias de presunta estafa económica por parte de la concejal de la oposición del Ayuntamiento de Bobadilla, actos de los que el Consistorio se desmarca absolutamente. Tras escuchar sus testimonios, mostrar la solidaridad del Ayuntamiento, y condenar estas prácticas que no representan a esa institución, el equipo de gobierno ha acordado solicitar la dimisión de la concejal del Partido Popular para que entregue su acta en el plazo más breve posible.
El alcalde Francisco Pastor ha asegurado que “esta persona no está a la altura de representar a los vecinos de Bobadilla del Campo porque va en contra de los valores democráticos. En nuestro municipio vivimos personas honestas y trabajadoras que no merecen una concejala que presuntamente utilice su cargo en su propio beneficio”, ha dicho.
Hay que recordar que Inés Fernández Salinero habría ofrecido en parques y jardines campamentos y excursiones organizados por ella y para los que aún hay plazas, eso sí, abonando en ese momento 50 euros. Por otro lado también ha ofrecido presuntamente puestos de trabajo para los que se precisa realizar un curso de 150 euros, se ha hecho pasar por gerente de hoteles de Valladolid y cuenta ya en 2021 con una sentencia condenatoria por estafa.
De momento se ha "movido ficha" desde el Partido Popular de Valladolid y se ha acordado abrir expediente informativo a Inés María Fernández Salinero, concejal de Bobadilla del Campo.
El partido provincial ha trasladado la información correspondiente al Comité de Derechos y Garantías autonómico, el cual ha abierto expediente de información reservada para estudiar el caso. Entre las medidas disciplinarias que se han requerido al citado Comité de Derechos y Garantías, en base al artículo 21.7º.a de los estatutos nacionales del Partido Popular, está la solicitud de cese como concejal, la entrega de acta y la comunicación del acuerdo de cese al Comité de Derechos y Garantías nacional.
En caso de que la interesada no aceptase voluntariamente, el partido procederá a retirar la confianza y prohibir el uso de las siglas del Partido Popular.
