El Ayuntamiento de Alicante alega contra la paralización cautelar de la ordenanza de Convivencia Cívica

Alicante

Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Alicante han presentado alegaciones a la petición de paralización cautelar solicitada por Unidas Podemos al TSJ valenciano de la Ordenanza de Convivencia Cívica. Mantiene el consistorio que suspender una disposición de carácter general supone un "grave perjuicio" del interés público y que solo podría cancelarse cautelarmente si se acredita que la aplicación causa un grave daño "concreto e individual" y no es el caso.

En el escrito de alegaciones se acusa a Unidas Podemos de realizar "manifestaciones genéricas" sobre el fondo del asunto y asegura que en la ordenanza que se impugna no se trata de "penalizar a las personas sin hogar". En lo tocante la prostitución, remarca que se prohíbe "cuando esta práctica afecte a la convivencia ciudadana".

Por lo tanto, el Ayuntamiento insiste "no procede suspender la ordenanza, debiendo prevalecer los intereses generales que en la misma se tutelan". La ordenanza "per se, no produce lesión alguna, sino que, en todo caso, serían los actos de ejecución de la misma los que pudieran producir el daño" y esto "determina ya la inexistencia de motivo suficiente para la suspensión".

También pone de manifiesto que su redacción es "sino idéntica absolutamente análoga" a otras en vigor dentro de la Comunitat Valenciana y dentro del modelo propuestos por la Federación Española de Municipios y Provincias.

Desde Unidas Podemos entienden que con estas alegaciones el alcalde Barcala sigue haciendo "oídos sordos" a la mayoría social de la ciudad que le está diciendo que la vía correcta es la de reforzar los servicios sociales y no la criminalización del vulnerable.

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