España presenta la ILP del Mar Menor ante la ONU como "un programa ejemplar de la sociedad civil para defender los derechos de la naturaleza"

Murcia

La responsable de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia, Teresa Vicente y el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, participan este viernes a partir de las 16 horas, en el evento ‘Interactive Dialogue of the General Assembly on Harmony with Nature’ que se celebra en la sede de la ONU en Nueva York.

En este contexto presentarán la Iniciativa Legislativa Popular para dotar al Mar Menor de una carta de derechos jurídicos para su protección y preservación que recientemente ha sido aprobada en el Congreso con 274 votos a favor, 53 en contra y 6 abstenciones.

Agustín Santos, embajador de España ante la ONU, en un vídeo difundido en la red social twitter, junto a ambos ponentes, se ha referido a la ILP como "un programa ejemplar de la sociedad civil en defensa de los derechos de la naturaleza".

Teresa Vicente, impulsora de la ILP, ha recordado el apoyo popular de la iniciativa que ha contado con más de medio millar de firmas y ha explicado que ahora "ya es un proyecto del Congreso".

La primera institución en apoyar la ILP fue el Ayuntamiento de Los Alcázares. El alcalde de este municipio, Mario Cervera, ha explicado que esta iniciativa en defensa del Mar Menor "conecta a la sociedad civil con las instituciones".

El evento en el que se presentará la ILP, forma parte del programa “Armonía con la Naturaleza” de Naciones Unidas, en el que hoy España participa para "defender el Mar Menor", según ha declarado Agustín Santos.

Recordamos que el Mar Menor es la laguna de agua salada más grande de Europa y actualmente se encuentra gravemente amenazada por un exceso de nutrientes en sus aguas a causa del impacto de la actividad agraria y la presión urbanística. En el año 2016 desapareció el 85 por ciento de su vegetación marina.

Cuando la iniciativa se convierta en ley el Mar Menor pasaría a ser un sujeto de derecho para cumplir un objetivo social sin ánimo de lucro y en el que todos los ciudadanos podrán exigir ante los tribunales la reparación a los responsables de los daños producidos en la laguna.