Publicado el decreto del Consell para paliar los efectos de la crisis después de que abogacía de la Generalitat tumbara el anterior

El Diario Oficial de la Generalitat ha publicado ya el Decreto de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania. Se trata de una norma legal que llega después de que la Abogacía de la Generalitat mostrase numerosos reparos al texto que llegó a aprobar el gobierno valenciano en la sesión plenaria celebrada el pasado 1 de abril.

Según la portavoz del Consell, Mónica Oltra, se ha atendido a esos informes que se conocieron una vez aprobado el decreto y señala que esa circunstancia se debió a la premura con que se aprobó. Además se incluyeron algunas modificaciones a varias leyes, sin haber tenido la opinión de la abogacía pública. Oltra aclara que se han hecho correcciones técnicas y administrativas, pero el corazón del anterior decreto que es potenciar las energías renovables se mantiene.

Objeto del decreto

Según explica el preámbulo de la ley, se pretende modificar distintas leyes valencianas con un doble objetivo. En primer lugar, para simplificar y agilizar los trámites administrativos que sean competencia autonómica, para favorecer la instalación de energías renovables en el territorio valenciano con mayores facilidades.

En segundo lugar, este decreto ley promueve otras modificaciones legales para facilitar nuevos proyectos de inversióń privada que estimulan la economía y el empleo valenciano. Entre ellos, y de manera especial, todas aquellas inversiones que puedan beneficiarse de la financiación extraordinaria prevista en el instrumento de recuperacióń de la Unión Europea.

El texto además anuncia, para dar una respuesta a la emergencia energética creada por la guerra en Ucrania, un plan de choque con ayudas económicas y financieras compensatorias para empresas y autónomos, para familias y para las capas más vulnerables de la población.

Otro decreto para rebajar tasas de la Generalitat

El pleno del Consell además ha aprobado el decreto ley por el que se regula la bonificación del 10% de las tasas propias y precios públicos gestionados por la Generalitat hasta el 31 de diciembre de 2022. Se estima que la medida beneficie directamente a un total de más de 1.300.000 valencianos y valencianos y suponga un ahorro de costes para las familias y empresas valencianas cercano a los 30 millones de euros.

En concreto, la medida afecta a todas las tasas propias, reguladas por la Ley 20/2017, a excepción de las tasas por servicios universitarios y siempre y cuando no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios y que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público.

En cambio, sí que se han considerado a tal efecto las tasas por Inspecciones y Controles Sanitarios de Animales y sus Productos, reguladas la Ley 10/1997; las tarifas portuarias, reguladas en la Ley 1/1999, con la excepción de los servicios a la pesca fresca y acuicultura marina; y las tasas por uso y ocupación de espacios en los puertos de la Generalitat en virtud de autorización o concesión, recogidas en la Ley 2/2014, con la excepción de la tasa por primera venta de pescado.

También se verán reducidos un 10% todos los precios públicos fijados por la Generalitat, con la misma limitación temporal desde la entrada en vigor del decreto-ley hasta el próximo 31 de diciembre de 2022.

Hay que tener en cuenta que esta medida únicamente afecta a las bonificaciones a favor de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental que se realicen en régimen de derecho público. Es decir, no se incluirán las contraprestaciones exigidas por entidades sujetas al derecho privado.

Así pues, quedan excluidos del ámbito de aplicación de la medida los precios percibidos por las entidades de derecho público, las entidades públicas empresariales, así como las sociedades mercantiles y fundaciones del sector público, en tanto que están sometidas al derecho privado.

Tampoco se incluyen los consorcios de los que forma parte de la Generalitat, en tanto que su creación obedece a un convenio firmado entre las partes, y su modificación implicaría una decisión que debería adoptarse en el seno del propio consorcio, de acuerdo con el convenio que lo regule.

Tasas universitarias

Por lo que respecta a las tasas universitarias, también quedan excluidas de la reducción general en tanto que no se consignan en los presupuestos de la Generalitat, son gestionadas por las propias universidades y su cuantía está sujeta a unos límites fijados en el ámbito de la actuación de los órganos colegiados correspondientes.

No obstante, de acuerdo con el objeto del decreto, establece para el próximo curso 2022/2023 una reducción del 10% en las tasas de referencia de los distintos conceptos incluidos por servicios universitarios en el Decreto 168/2021, de 8 de octubre, del Consell

Esta reducción de tasas universitarias revertirá, igualmente, en las familias de los 132.000 estudiantes de las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana.