El juez habla de "engaño y ánimo de lucro" por parte de Medina y Luceño en el caso de las mascarillas

El juez encargado de la investigación por la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid ha señalado la gravedad de los delitos imputados a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, de los que ha asegurado ocultaron «con engaño y ánimo de lucro» las comisiones que se llevaron por la compra del material sanitario. El magistrado ha retirado los pasaportes a los dos comisionistas y ha acordado que los investigados deberán presentarse en el juzgado cada quince días. La decisión se encuadra en el marco de las medidas cautelares solicitadas por la acusación, así como por formaciones políticas como Más Madrid o PSOE. Al margen de las medidas cautelares tomadas por la Justicia, la imagen de la mañana ha sido la frialdad y la distancia con la que se han encontrado los empresarios Medina y Luceño en los pasillos de los juzgados. Ambos han declarado en sede judicial, aunque se han limitado a responder a las preguntas de los abogados. Ninguno ha querido responder a las cuestiones planteadas por la Fiscalía, tampoco a las realizadas por parte de los abogados de las acusaciones. La comparecencia de Medina apenas ha durado treinta minutos, mientras que la de Luceño ha durado menos: alrededor de 25 minutos. Medina ha reconocido ante el juez que contactó con el primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para llegar al Ayuntamiento de la capital y así poder firmar los contratos. El negocio, han reconocido los dos empresarios, fue idea de ambos. El juez Adolfo Carretero, titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, les ha tomado declaración como imputados por supuestos delitos de estafa agravada, falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales, además del de alzamiento de bienes en el caso de Medina. Es la primera vez que han declarado en sede judicial tras comparecer hace ya un año ante la Fiscalía Anticorrupción, que lleva investigando su actuación desde noviembre de 2020 y que fue quien interpuso la querella que ha dado lugar al procedimiento. La causa se centra en tres contratos suscritos entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, y una mercantil malaya para la compra de guantes, mascarillas y test por los que el Ayuntamiento de Madrid pagó 11,9 millones de dólares (unos 11 millones de euros). Según la Fiscalía, Luceño fijó e «impuso» los precios al consistorio y ocultó que «un elevado porcentaje» de esa cantidad iría a parar a sus cuentas y a las de Medina a través de comisiones que ascendieron a más de 6 millones de dólares. El papel de Medina, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, habría sido el de nexo entre el Ayuntamiento de Madrid y Luceño «aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde». En los últimos días el magistrado del caso se ha encontrado con un problema añadido: en las cuentas de los empresarios no hay dinero suficiente para asegurar las responsabilidades económicas que se les podrían imponer. Por eso ha reclamado casi 900.000 euros de fianza a Medina y le ha imputado el delito de alzamiento de bienes. Está por ver qué ocurre con Luceño, quien recientemente ha remitido un escrito al juez en el que asegura que no incurrió en este delito y se ha comprometido a seguir aportando dinero hasta alcanzar la cantidad que le exigen como fianza las acusaciones. La Fiscalía ha solicitado al juez que tome medidas para asegurar el reembolso de los 5,5 millones de euros que pudo cobrar en comisiones. Luceño detalla en el escrito todos los gastos tanto personales como de su empresa Takamaka Invest para justificar el estado de sus cuentas, fruto del «día a día familiar desde hace dos años». Tras la declaración de ambos mañana lunes, el PSOE, acusación popular en la causa, tiene previsto pedir la imputación por malversación de caudales públicos de la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, citada el 9 de mayo como testigo. Podemos le pide al juez que atribuya también un delito fiscal a Alberto Luceño porque el comisionista tributó estas comisiones a través de una empresa y no a su propio nombre. Esto, en la práctica, supuso que en lugar de pagar un 42% de impuestos, se quedó en el 15. Luceño creó su empresa Takamaka Invest después de firmar los contratos COVID con el Ayuntamiento y con el único propósito de que sirviera como refugio de los más de cinco millones de dólares en comisiones. Luego aprovechó esta empresa creada ad hoc y sin actividad para tributar esas comisiones en el impuesto de sociedades en lugar del IRPF con lo que solo abonó una cuota del 15% en lugar del 42% que hubiese abonado con el segundo impuesto. Podemos presenta al juzgado un escrito explicando esta situación y pidiendo que le sea imputado un delito de fraude fiscal. También reclama que le sea impuesta una fianza como a Medina y reitera que Luceño sea acusado por alzamiento de bienes.

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Los empresarios han comparecido ante el tribunal aunque no han contestado a las preguntas de la Fiscalía ni de la acusación

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