Luceño califica como “operación limpia” el escándalo de las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid

Madrid

Los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina, que se embolsaron 6.1 millones de dólares por contratos de material sanitario valorado en 11.9 millones para el Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la pandemia, han comparecido este lunes ante el titular del juzgado 47 de Madrid, Adolfo Carretero, para ofrecer su versión de los hechos a preguntas del propio magistrado y de su defensa, ya que se han negado a contestar al resto de las partes del procedimiento.

En las actas de sus declaraciones, a las que ha tenido acceso la Cadena SER, Alberto Luceño, que ingresó 5.1 millones de dólares por los tres contratos, ha manifestado que se trató de una “operación limpia con el Ayuntamiento de Madrid” y ha negado haber “engañado a nadie”. Luceño ha intentado eludir cualquier responsabilidad por los hechos al afirmar que San Chin Chon, el CEO de la empresa malaya Leno distribuidora del material sanitario, fue quien fijó “los precios y las comisiones” de ambos investigados. San Chin Chon se ha negado a declarar con la justicia cuando la Fiscalía Anticorrupción le ha pedido que compareciera, pero Luceño ha dicho este lunes ante el juez que cree que “ya ha declarado”. Una percepción que niegan fuentes jurídicas.

Alberto Luceño ha explicado también ante el juez su extraña contabilidad personal. Ha afirmado que “antes de este negocio” ganaba “entre 3.000 y 7.000 euros al mes”, pero que tiene unos gastos anuales de “330.000 euros”.

Por su parte, el otro comisionista, Luis Medina, que se embolsó 1 millón de dólares por la operación, se ha definido como un “broker de materias primas” y que este negocio para lograr contratos de material contra el COVID fue “cosa de los dos” en referencia a él mismo y Alberto Luceño.

Medina ha admitido que a través de una “amiga común, María Díaz de la Cebosa”, directora de un centro universitario al que asistió durante un año, contactó con “Carlos, el primo del alcalde” Luis Martínez Almeida. Dice Medina que al tener esa conexión familiar, “me imaginé que me podría dar un contacto con el Ayuntamiento”. Afirma que habló con él y que éste le facilitó “un mail, creo que fue un mail primero” para llegar hasta la responsable de contratación, Elena Collado.

Medina, que al contrario que en su declaración ante el fiscal Anticorrupción, niega ahora haber sido engañado por Alberto Luceño, también rechaza ahora que el fiscal le hubiese advertido sobre el alzamiento de bienes y que no pudiera disponer del dinero que tenía guardado en sus cuentas procedente de la supuesta operación delictiva: “no pensé que hubiera nada irregular ni el fiscal me advirtió que fuera delictivo” sacar el dinero cuando ya se sabía investigado. Pero el fiscal Anticorrupción fue claro cuando interrogó a Medina al respecto en la sede de la Fiscalía, y sí advirtió al comisionista.

El juez, a petición tan solo de las acusaciones populares, ya que ni el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid ni la Fiscalía Anticorrupción lo ha solicitado, ha acordado medidas cautelares contra ambos, al retirarles el pasaporte y prohibirles el abandono del territorio nacional, así como ha ordenado que comparezcan cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio, para conjurar el riesgo de fuga y evitar la destrucción o alteración de pruebas. El juez ha reiterado la gravedad de los hechos denunciados, y que hicieran un negocio exagerado y fundado en el “engaño” con dinero público en lo peor de la pandemia, y bajo un falso pretexto altruista.