Pegasus vuela por libre

Albacete

El semanario The New Yorker, famoso por su brillante contenido y por sus artísticas portadas, publicó la semana pasada un reportaje del Premio Pulitzer Ronan Farrow, en el que daba cuenta de una indagación iniciada por un laboratorio de la Universidad de Toronto dedicado a investigar los atentados contra la privacidad informática por parte de los gobiernos. En ese laboratorio trabaja un catalán que lo hizo anteriormente en Whatsapp y Telegram en San Francisco, especialista en vulnerabilidad de teléfonos móviles. Al analizar el de un europarlamentario independentista descubrió que estaba siendo espiado por el Programa Pegasus, según relata Farrow en el último número de The New Yorker. Luego se ha descubierto que más de 60 lo están.

Si consideramos que el CNI dispone de ese programa espía, según abrumadores indicios, y de que sólo al Gobierno español le puede interesar ese espionaje (sobre todo cuando se estaba cociendo el intento separatista de 2017), no es aventurado sospechar de ese organismo de seguridad nacional y es lógico que se pidan explicaciones, cuando menos, a su máxima responsable, la ministra de Defensa.

En un país democrático, esa ministra debería asumir su responsabilidad y someterse al Parlamento (Comisión de Secretos Oficiales) para informar; sin embargo, su respuesta ha sido evasiva, dando por sentado que el CNI no ha vulnerado nunca la ley. Por otra parte, esa Comisión no se podía reunir porque el Partido Popular la ha bloqueado para no dar acceso a los nacionalistas vascos y catalanes. ¿Es que nadie se ha leído la Constitución?

Si hay más de 60 nacionalistas catalanes espiados ilegalmente, alguien tendrá que investigar un asunto de máxima gravedad política y de seria gravedad penal, porque afecta a derechos fundamentales de esas personas, que son ciudadanos como cualquiera, más allá de su ideología.

Por otra parte, el máximo dirigente del Partido Popular dice que la Comisión de Secretos Oficiales no puede admitir a parlamentarios que defienden la independencia de Cataluña, demostrando una visión patrimonialista del Estado, que es visto como su finca exclusiva, en la que sólo pueden pastorear -dicho sea con acento circunflejo- quienes defienden sus mismos ideales. ¿Habrán leído el art. 1 de la Constitución, que deposita la soberanía nacional en TODO el pueblo español y serán capaces de entender que los parlamentarios -todos y cada uno de ellos- representan legítimamente a ese pueblo, cualquiera que sea su ideología?