El Gobierno no tiene garantizado el respaldo para el plan de ayudas económicas que este jueves llega al Congreso. Entre las medidas contempladas está la rebaja de 20 céntimos en el precio del combustible, que ya está en vigor y que dejaría de aplicarse inmediatamente. Hay también rebajas de impuestos para abaratar la tarifa de la luz, o incremento de un 15% el ingreso mínimo vital. En total, hasta 16.000 millones de euros que están presupuestados. El plan tiene 6.000 millones en ayudas directas y 10.000 en líneas de crédito. Si no sale adelante también se anularían las ayudas directas a quienes tienen camiones, autobuses y taxis. En materia energética, se anularía la rebaja de impuestos que se ha aplicado ya o la prohibición de subir el gas más de un 5% por trimestre. Respecto a los aspectos sociales, decaería el tope a la subida del 2% que marcó el Gobierno para los alquileres. También dejarían de dedicarse fondos directos para la ganadería, agricultura, pesca; así como para los grandes consumidores de luz y gas. El decreto ley que recoge el plan anticrisis es temporal y está en vigor desde el pasado 1 de abril hasta el próximo 30 de junio, duración que en un principio llevó al Ejecutivo a rechazar que se tramitara en el Parlamento como proyecto de ley. Sin embargo, la irrupción del supuesto espionaje a dirigentes independentistas catalanes por parte del Estado ha trastocado los apoyos parlamentarios habituales del Gobierno de coalición, que previsiblemente se encontrará con el voto negativo de una ERC insatisfecha con la respuesta del Ejecutivo al llamado «caso Pegasus». Este miércoles el Gobierno ha seguido negociando con los grupos, pero con la vista puesta en una eventual abstención del PP que dejara en minoría a los partidarios del no. El Gobierno busca contrarreloj los apoyos que ahora mismo no tiene garantizados para salvar este jueves un decreto que es crucial: el que ha permitido bajar los combustibles o frenar la protesta de los transportistas. Sin apoyo de los independentistas por el escándalo del espionaje y por la justificación que hizo de él Margarita Robles, el PP ofrece sus votos con dos condiciones. El Gobierno ha cedido en la primera: tramitar el decreto como proyecto de ley, lo que permite a la oposición que se puede introducir enmiendas. Además, el PP ha pedido que el decreto contenga una bajada de impuestos. El PP exige que el Gobierno acepte los cuatro ejes más importantes del plan económico de Alberto Nuñez Feijóo: la bajada de impuestos para las rentas bajas y medias, la bajada del IVA para la electricidad, la gestión eficiente de los Fondos Europeos y la reducción del gasto burocrático del Gobierno. En concreto, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, era el encargado de enviar la carta a la titular de Hacienda. En su carta de contestación al PP, Montero dice que se tramitará el plan como proyecto de ley «en la seguridad de que las medidas contempladas en dicho real decreto ley favorecen a la ciudadanía y palían, en gran medida, los efectos de la guerra, apoyando a los colectivos más vulnerables y a los sectores productivos más afectados en esta crisis». Respecto a las medidas planteadas por el PP, Montero explica que requieren de un análisis más profundo para estimar su impacto económico y presupuestario.