Cultura del pelotazo sin sanción social

El próximo domingo, día internacional del trabajo, los sindicatos han convocado las consabidas movilizaciones. Es importante el apoyo social a las organizaciones y a sus reivindicaciones, algunas especialmente urgentes dada la precarización de algunos sectores. Conozco las consignas y, desde luego, comparto la condena a la invasión de Ucrania y el apoyo a la causa saharaui. Sin embargo, no puedo dejar de expresar mi decepción por no encontrar una condena rotunda a una lacra social que se ha enrocado en la sociedad hasta la extenuación, sin que, aparentemente, merezca una respuesta y su correspondiente sanción, lo que me lleva a pensar que somos víctimas de una sociedad enferma que privilegia el éxito individual a cualquier precio.

Ya he hablado aquí del fenómeno de la corrupción política, pero el hedor supera los límites del control. Ahora quiero emplearme contra esas prácticas que, si bien se han dado desde hace mucho tiempo atrás, ahora parecen más afianzadas y propias de unas relaciones sociales normalizadas. En la Historia del Presente encontramos muchos casos con los que pergeñar una enciclopedia del saqueo y el ascenso social a costa de valores éticos fundamentales en una sociedad democrática. Algunos tuvieron más trascendencia porque acabaron en los tribunales por ilegales, pero otros muchos pasaron inadvertidos e incluso aplaudidos y reconocidos en personas emprendedoras y listas. Como sociedad tendríamos que reflexionar sobre los códigos éticos de conducta que caracterizan a determinados colectivos y profesiones. En nuestros instrumentos de socialización, desde la familia a la escuela, pasando por los medios de comunicación y las expresiones culturales, deberíamos actuar con fines pedagógicos para erradicar comportamientos que sólo en ocasiones trascienden y son denunciados.

Recordarán ustedes el caso RUMASA y la familia Ruiz Mateos o el no menos célebre affaire protagonizado por Jesús Gil. Algunos todavía los siguen exculpando y considerando víctimas propiciatorias. Luego vinieron personajes como el banquero Mario Conde, los Albertos, empresarios como Diaz Ferrán, o el político Rodrigo Rato. Llegaron a la cima en un contexto favorable en que incluso algún ministro socialista llegó a decir aquello de que “este es el país donde se puede ganar más dinero a corto plazo de toda Europa y quizá uno de los países donde se pueda ganar más dinero de todo el mundo”. Tal vez debió añadir “sin tener en cuenta cómo ni a qué precio”. Hemos aceptado y vitoreado a deportistas y artistas que han evadido capitales y defraudado a Hacienda porque eran de los nuestros o simplemente nos gustaban. Cuando, ya en plena democracia, se denunciaban las condiciones de habitabilidad de los cuarteles de la Guardia Civil, su director, Luis Roldán, amasó una fortuna de más de diez millones de euros, desviando a su cuenta fondos destinados a paliar el problema. Y cuando hablábamos catalán en la intimidad y, a pesar de ser un secreto a voces, no reparamos en el ritmo de vida llevado por la familia Pujol a costa del famoso 3% y de Banca Catalana. Pero, claro, ¡que vamos a decir si hasta nos parecían bien los negocios del rey!

En la postguerra se hizo muy recurrente el mercado negro porque había serios problemas de abastecimiento. Se trataba para la mayoría de sobrevivir, pero algunos lo llevaron más allá y amasaron fortunas a costa de la pésima gestión gubernamental. En el tardofranquismo y la Transición era práctica habitual buscar tabaco decomisado y electrodomésticos en Canarias. El magistral Berlanga hizo arte con los comisionistas que daban el pelotazo en cacerías y reuniones de alta alcurnia. Ha pasado el tiempo y hemos asumido con total naturalidad que se trataba del orden natural de las cosas y que poner en contacto a compradores y vendedores no sólo podía ser una legítima profesión sino una manera digna de lucrarse sin escrúpulos, a base de movimientos especulativos, incluso en las situaciones más adversas y de máxima urgencia social. Hasta cuando aguantaremos sin que haya un auténtico repudio y sanción social proporcionada contra los caciques y trileros de siempre transformados en inversores y comisionistas.